Por Juan René Maureira M.

Mucha agua ha pasado bajo el puente del bicentenario. Para algunos colegas ligados a las ciencias sociales no es más que una construcción que se perfila como una excusa para el fortalecimiento de un ideario de nación particular, para la legitimación de una construcción cultural diseñada desde las elites de nuestro país, algo que ciertamente tiene mucho sentido si miramos retrospectivamente.

No obstante, si bien podemos convenir en que el bicentenario es una construcción cultural y también podemos entendernos en cuanto a los usos académicos, políticos e ideológicos del mismo, no puede negarse el impacto que produce en la actualidad, el interés que ha despertado y la inevitable trascendencia histórica que este puede generar hacia el futuro. Es precisamente por ello, que no podemos hacer oídos sordos al contexto, ni escudarnos en la idea de que todo es un constructo, para olvidar las implicancias que muchas de las iniciativas enmarcadas en el bicentenario tendrían para nuestra sociedad. Pensar el bicentenario no significa necesariamente adherir a un “cliché” de estos tiempos, sino que tiene que ver con observar de manera crítica y ser partícipes del devenir histórico de nuestra sociedad, desde el presente, con nuestro pasado, para el futuro. Por tanto, creo que es un deber profesional tomar claros posicionamientos al respecto, en un sentido positivo y constructivo en virtud de la sociedad que queremos construir.

A propósito de lo anterior, la iniciativa de la Iglesia de otorgar un “Indulto bicentenario” destinado a beneficiar a presos mayores de setenta años, enfermos terminales y mujeres con niños, ha causado un alto impacto en los medios debido a la imprecisión sobre los potenciales beneficiarios de dicha medida. Existe un consenso generalizado respecto a que la propuesta presentada por la Iglesia puede ser positiva en la medida en que realmente ayude a personas que sufren las deplorables condiciones de las cárceles chilenas por crímenes menores cometidos, teniendo además que sortear problemas propios de la vejez, graves enfermedades o la impedida crianza de sus hijos (para el caso de las mujeres)[1]. De hecho, podría hacerse extensiva a otro tipo de condiciones que hagan merecida la recuperación de la libertad, una condición humana extremadamente importante y sensible.

Lo que no puede admitirse, es la evasión por parte de la Iglesia y las autoridades de gobierno de referirse claramente respecto de si esta iniciativa beneficiaría o no a quienes hayan sido condenados por violaciones a los derechos humanos. En esta misma línea, la actitud de la iglesia indicando que se trataría de un gesto de unidad nacional, amenaza con direccionar la iniciativa a beneficios políticos, más que caritativos. Ya sabemos que el concepto de “unidad nacional” ha sido utilizado en reiteradas ocasiones para sostener violaciones a los derechos humanos, e iniciativas de olvido e impunidad.

En consecuencia, es legítimo desconfiar y es lógico mantenerse alerta. No se trata de estar en contra de la solidaridad y la caridad en tiempos de conmemoración, sino de evitar que ésta sea utilizada con fines ilegítimos que podrían beneficiar a personas que estuvieron involucradas en el sostén de una dictadura militar que asesinó, torturó, exilió, privó de libertades y derechos a personas, e incluso se permitió la crueldad de hacerlas desaparecer, dándole continuidad a crímenes de hace más de tres décadas hasta el día de hoy. Personas que, peor aún, no han reconocido lo ocurrido o no se arrepienten de sus actos, personas que ni siquiera han tenido la virtud de colaborar con la información que poseen para llegar a conocer la verdad sobre la muerte de cientos de personas. Personas que en definitiva, no han pedido perdón directo ni indirecto a sus propias víctimas, ni mucho menos han realizado gestos para resarcir los crímenes cometidos.

¿Es ético pensar en indultar a violadores de derechos humanos que no han mostrado señales de arrepentimiento de crímenes que hasta el día de hoy continúan afectando a cientos de familias?

Existen tendencias legítimas -religiosas y no religiosas- que se inclinan a pensar que el perdón es superior al castigo. Por ello, apuestan por medidas de resolución de conflictos que apunten a que el ofensor sea “perdonado” por sus propias víctimas. Frente a esto, José Zalaquett resume en pocas líneas un aspecto clave relativo a esto:

“…Es necesario distinguir, por una parte, el perdón individual del ofendido hacia el ofensor, que pertenece al plano íntimo de la conciencia de cada cual, y bien puede otorgarse sin condiciones; y, por la otra, las medidas sociales o comunitarias de clemencia o perdón, como el indulto y la amnistía. Éstas últimas tienen por objeto restaurar o reforzar el orden moral quebrantado. Por ello, sólo pueden otorgarse si el propio transgresor confirma la validez de las normas comunitarias violadas, reconociendo su culpa y formulando un propósito de enmienda y contribuyendo a hacer reparaciones.”[2]

Dentro de esta línea, es interesante referirse al caso sudafricano, reconocido por implementar iniciativas de perdón comunitario a quienes habían cometido crímenes contra personas durante los tiempos del Apartheid. En este país la Comisión de Verdad y Reconciliación puso énfasis en la mencionada “unidad nacional” frente a la idea de la construcción de una nueva nación post Apartheid. En esa línea la comisión adquirió en su trabajo un sentido religioso y terapéutico orientado hacia una reconciliación. Proporcionó un espacio (las audiencias) para que las víctimas contaran sus experiencias provenientes de distintos ámbitos y que éstas fuesen reconocidas oficialmente[3]. A su vez, se realizaron audiencias en las que los propios victimarios podían presentarse voluntariamente para narrar los acontecimientos en que cometieron sus crímenes, aportaban con toda la información que manejaban sobre los casos, ofrecían disculpas públicas a la comunidad y se ponían a disposición de la comisión para la resolución de su situación. En muchos casos, la propia comunidad otorgaba un perdón a aquellos que se habían mostrado arrepentidos de sus crímenes y dispuestos a resarcirlos frente a la comunidad. Los procedimientos de la comisión no están exentos de críticas en el sentido de que pudieron desvirtuar los fines de la comisión de búsqueda de verdad y promoción de una reconciliación, hacia una comisión de amnistía[4]. No obstante, estos procedimientos supieron distinguir entre aquellos que directa o indirectamente colaboraron con el Apartheid y quienes fueron responsables de los crímenes masivos del mismo. Las iniciativas de perdón no beneficiaban a responsables de violaciones masivas a los derechos humanos, casos que por tratarse de una gravedad excepcional, quedaban dentro del marco de la justicia penal.

Las audiencias de la Comisión de Verdad y Reconciliación en Sudáfrica.

El ejemplo de Sudáfrica nos recuerda que en Chile no ha habido ninguna disposición favorable en esa línea por parte de militares ni civiles involucrados directa o indirectamente en los crímenes y violaciones a los derechos humanos. No hay una iniciativa generalizada por parte de los sectores colaboradores de la dictadura de reconocer los hechos, colaborar con la resolución de los casos, pedir perdón tanto a las víctimas como a la comunidad afectada y ofrecer medidas reparatorias por los crímenes cometidos. Como en nuestro país no ha sido visible ninguna de estas disposiciones, es lógico pensar que tales sectores sociales aún consideran justificadas sus acciones, las consideran correctas y, más aún, quizás, las volverían a repetir. Frente a esta situación de insensibilidad en cuanto a los propios males causados a personas, familias y comunidades, es dudoso pensar que el perdón podría entenderse como un gesto de unidad nacional, ya que realmente no acerca las posiciones de los victimarios a las posiciones que hoy ya deberían ser un consenso: Nada justifica las violaciones a los derechos humanos, sea cual sea el origen ideológico o político de las mismas. Por lo tanto, nada tampoco justifica indultar a quienes –por sus actos- demuestran que volverían a cometer los mismos crímenes y que no están dispuestos a colaborar para que los mismos nunca más sean cometidos.

Concluyendo, sería preciso recomendar tanto a la Iglesia como al gobierno actual, que si lo que se busca es fortalecer la unidad nacional en tiempos de “bicentenario”, se avance en líneas que puedan ayudar a una verdadera conciliación en virtud de la cual se establezca que nunca más en nuestro país se violarán los derechos de las personas masivamente, como ocurrió en dictadura. Para ello, no basta con sostener una posición discursiva (moral) al respecto, sino demostrarlo con hechos: Ratificar los tratados internacionales relativos a la materia, fortalecer las garantías para las personas, reformar la justicia militar y sus competencias en el ámbito civil, incorporar de manera más eficiente las temáticas de derechos humanos y memoria en todos los niveles de la educación chilena e incluso en la formación de las fuerzas armadas; entre tantas otras formas de colaborar realmente con una sociedad más “reconciliada”. Éstas serían iniciativas que demostrarían un real compromiso con una “unidad nacional” que trascienda la contingencia actual y sea capaz de beneficiar a las nuevas generaciones. Se trata del derecho mínimo a que en el futuro, podamos vivir sin miedo a que por llevar a cabo proyectos ciudadanos y sociales, sean amenazados nuestros derechos más preciados, nuestros derechos humanos. Pensar el bicentenario de esta manera, ayudaría a que éste sea funcional a nuestro desarrollo histórico, beneficiando a la sociedad entera hoy y a futuro; y no únicamente a sectores políticos comprometidos con una cruel dictadura. Lamentablemente, mientras sigamos escuchando a sectores que justifican lo ocurrido y que, subidos en el carro de la victoria, creen que es posible ejecutar arbitrariedades como antaño; y mientras veamos funcionarios de la dictadura en un gobierno que se declara democrático, difícilmente podríamos afirmar que estamos avanzando en la vía correcta.

[1] Esto último, hace reflexionar sobre la visión sesgada de género que presenta el proyecto de la Iglesia ¿Qué argumento impediría beneficiar de igual manera a hombres con hijos?

[2] Zalaquett, José. “La reconstrucción de la unidad nacional y el legado de violaciones de los derechos humanos”, en Revista Perspectivas, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile, Vol. 2

[3] Du Toit, André. “The Moral Foundations of Truth Commissions.  Truth as Acknowledgement and Justice as Recognition as Principles of Transitional Justice in the Practice of the South African TRC”.  En: Rotberg, Robert  I.;  Truth v. Justice. 2000. Princeton University Press. Traducido al castellano por el Centro de Derechos Humanos, Universidad de Chile.

[4] Mamdani, M.  “The TRC and Justice”, publicado en:  Truth and Reconciliation in South Africa and the Neherlands, Netherland Institute of Human Rights, SIM Special Nº 23, Utrecht.  1999

“La opinión contenida en este texto es de exclusiva responsabilidad de su autor”

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