Por Andrés Rojas Bottner

A partir de la segunda mitad de la década de los 70’ en la zona central de Chile, se desarrolló con increíble pujanza un subsector económico que hasta la fecha resultaba marginal dentro de la agricultura: la fruticultura. A partir de esa fecha y enfocada al comercio exterior generó una transformación del paisaje rural, principalmente por la llamada reconversión productiva (se cambiaron los cultivos tradicionales por los cultivos frutales). La agricultura tradicional en el valle central fue reemplazada por una modernizada fruticultura.

Por su parte, el avance frutícola generó una transformación de la estructura laboral del valle central chileno. Por una parte, se incrementó sustancialmente la demanda de mano de obra por causa de los mayores requerimientos específicos de los cultivos frutales versus los cultivos tradicionales e industriales (ver gráfico).

Por la otra, comenzó a predominar el trabajo temporal (característico de las zonas frutícolas) en desmedro de los empleos estables, los cuáles se concentrarán principalmente en la época estival, produciéndose épocas de desempleo generalizado (“meses azules”).

A medida que avanzaba el proceso modernizador frutícola, se fue visualizando un paulatino proceso de incremento de la escasez de mano de obra, que en los últimos años es grave y es reconocidamente, uno de los grandes problemas del sector frutícola exportador[1], entre otras cosas, por el incremento de los costos de producción (del cual el costo de mano de obra representa entre un 60 y un 80%[2]). El liberalismo smithiano (y por supuesto el neoliberalismo) nos diría que por el juego de la oferta y la demanda, en este caso particular, los salarios de los trabajadores frutícolas deberían haberse incrementado (en relación con el grado de escasez particular). La escasez es grave, pero los salarios han aumentado de manera mínima. La razón de aquello es que no siempre existe una mano “invisible”, sino que en este caso, es bastante visible: los contratistas.

Los contratistas son personas pertenecientes al mismo sector socio-económico que el resto de los  trabajadores agrícolas, aunque con una pésima reputación entre sus pares, que se dedican a subcontratar gente para la realización de una tarea específica mediante el trabajo compulsivo.  La labor que se realizaba en un mes, bajo el régimen del contratista (que vigila in situ las labores) se realiza ahora en la mitad de tiempo. No es de extrañar que la mitad de los contratistas reconozcan haber sido “formados” por los mismos empresarios agrícolas, incluso con medidas que rayan en la ilegalidad[3]. Las ganancias del contratista resultan fabulosas, oscilando entre un 20 y un 30% del jornal de los trabajadores[4], mientras que el incremento salarial de los trabajadores ha sido mínimo (sobre un salario de por sí muy inferior al urbano). Con esto, los empresarios resuelven a corto plazo, pero agravan la situación en el mediano, entre otras cosas, porque asoman nuevas oportunidades, mucho más atractivas que el cansador y mal remunerado trabajo agrícola, al punto que cada vez se tiene que ir a conseguir gente a zonas más lejanas (inmigrantes andinos, mapuches y costinos), razón por la cual los contratistas resultan funcionales al sistema, puesto que se encargan del traslado.

Resulta interesante la comparación entre el capataz de la antigua hacienda y el contratista de las modernas unidades productivas actuales, que en la práctica tenían la misma función: asegurar el trabajo mediante la compulsión a los trabajadores. Es Ximena Valdés quién me hace ver la relación entre ambas figuras, pero señalando una salvedad, ahora ya no existe una relación de tipo paternalista hacia el trabajador, lo cual en sí mismo no es necesariamente algo negativo, sin embargo, “tampoco tienen derechos modernos en la cabeza”[5]. He ahí el problema.

La modernización de la producción frutícola en la zona central está avanzadísima desde la década de los 80’, sin embargo, la modernidad en el tipo de relaciones laborales, permanece muy rezagada. Ejemplos hay por montones: según la CASEN 2006, un 37,5% de los temporeros agrícolas no tiene contrato de trabajo (de aquellos que sí firmaron, un 77% afirma que no se cumplió lo acordado[6]), no reciben los implementos de seguridad frente a los productos químicos y la radiación solar, cuentan con deficientes condiciones sanitarias (baños, casinos), entre muchos otros aspectos.

Resulta preocupante que la reacción a la crisis por parte de los empresarios frutícolas, no vaya en dirección a una mejora en las condiciones del trabajo (lo que lo haría más atractivo), sino que, volviendo sobre sus pasos, desentierran y re-formulan relaciones laborales de tipo colonial. Pareciera ser que es otro de aquellos casos de modernización sin modernidad que tanto nos pesan todavía.

[1] Para un completo estudio sobre el problema ver, Andrés Rojas Böttner, De la abundancia a la escasez: La evolución del mercado del trabajo en la modernización frutícola, 1975-2009, Tesis de Grado, Licenciatura en Historia Universidad de Chile, 2009. http://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2009/rojas_an/html/index-frames.html

[2] Gustavo, Rojas, “La fruticultura y su aporte al desarrollo del país”, documento presentado en Primer Cónclave Nacional de la Fruta, 2007, p. 38.

[3] Pamela Caro y Catalina de la Cruz, Contratistas e intermediación laboral en la agricultura de exportación, CEDEM, Santiago, 2009, p.  76-80. En el mismo lugar, señalan las autoras numerosos casos en que los empresarios entregan las listas con información de los trabajadores a los contratistas, son despedidos e inmediatamente subcontratados por el contratista.

[4] Ibid., p. 80.

[5] Entrevista realizada a la Dra. Ximena Valdés el 18 de octubre de 2009, en el Centro de Estudios de la Mujer, Santiago.

[6] Caro y De la Cruz, op. Cit., p. 147.

“La opinión contenida en este texto es de exclusiva responsabilidad de su autor”

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