Como estudiantes de posgrado y académicos de las universidades nacionales no podemos permanecer pasivos frente a la aguda crisis que está viviendo la educación en nuestro país. A través de esta declaración, queremos hacernos partícipes de un debate profundo que hoy se está llevando a cabo y que han conducido visiblemente estudiantes secundarios y universitarios, en el marco de las recientes movilizaciones sociales.

Al respecto planteamos :

1.- Uno de los mayores problemas que plantea el escenario actual es el de la legitimidad del modelo educativo en curso. Para quienes defienden el modelo educativo vigente, la legitimidad descansa en la legalidad de éste –en efecto, se encuentra estatuido y sancionado constitucionalmente. Siguiendo esta lógica, el problema remitiría a la adecuación de los actores al marco legal entregado. Esto explica la reiteración del actual gobierno en plantear  que los problemas reales de la educación se mejoran “dentro la sala de clases”.  Cualquier otro tipo de reflexión es catalogada de “ideológica y politizada”, pretendiendo con ello deslegitimar una reflexión de fondo.  Lo que se oculta con esta “descalificación” es lo profundamente ideológica que son las actuales medidas que están detrás de las reformas anunciadas por el gobierno.

La ideología, naturalizada y hegemónica que está detrás es el “neoliberalismo”. La sociedad chilena, primero en dictadura y luego en democracia ha sido disciplinada en los principios del  neoliberalismo como si éste fuera una “ley natural” y no una construcción ideológica.  Cuando como sociedad,  no vemos ningún conflicto de interés en que el ministro de Educación sea propietario de una universidad privada (así como muchos otros personeros del mundo político, sin diferencias entre gobierno u oposición),  es bueno recordar que estas autoridades que lucran con la educación sólo están siguiendo las ideas de Milton Friedman. Para él, “la economía positiva debe ser independiente de cualquier juicio normativo y en particular de cualquier postura ética“. Como escribió Friedman en un polémico artículo publicado en New York Times Magazine en 1970: “En una economía libre, la empresa tiene una y solamente una responsabilidad social: utilizar sus recursos y realizar actividades destinadas a aumentar sus beneficios, siempre que cumpla las reglas del juego”.

Es precisamente esta legitimidad general (basada en el respeto a las reglas del juego) la que viene a ser puesta en entredicho por los actores del modelo educativo, que –discursiva y fácticamente- la califican de espuria. La crítica al lucro, al acceso y los procesos de elitización del ingreso, al endeudamiento y la escasa movilidad social, ponen en tela de juicio no sólo el actual sistema educacional, sino que problemas de fondo que revelan una crítica a un sistema de acumulación capitalista que genera una desigualdad estructural.

2.- Paralelo a ello, desde el gobierno se ha ido instalando el discurso del “privilegio” que detentarían las universidades tradicionales, particularmente las universidades estatales, frente a las universidades privadas, que estarían educando a los quintiles más pobres de la población, al igual que los IPs y CFTs.  Ante esa afirmación expresamos que se ha ido construyendo una falacia que no resiste ningún análisis serio. Es cierto que ciertas universidades tradicionales han ido elitizándose producto de un sistema de ingreso que reproduce las desigualdades de un sistema educacional primario y secundario clasista, sin embargo, la mayoría de las universidades tradicionales, estatales y privadas, en Santiago y en Regiones, siguen aportando claramente a la movilidad social, atendiendo a los sectores más vulnerables de la población y que han cumplido satisfactoriamente con los requerimientos de ingreso. Universidades como la USACH, la UTEM, la UMCE, la U de Concepción, por mencionar sólo algunas, están muy lejos de ese discurso de que estas universidades están educando a las elites socioeconómicas de Chile

A través de esta construcción discursiva el gobierno intenta validar la existencia de las universidades privadas y junto con ello, el lucro generado de este negocio. Lo que el gobierno no dice, es que quien soporta el pago de los aranceles en los establecimientos privados y públicos son las familias y el propio estudiante, a través de políticas de un oneroso endeudamiento a futuro. Para nosotros,  la educación constituye un derecho para las familias de todo el país y el Estado debe responder a las actuales exigencias de calidad y gratuidad, en circunstancias que existe una escandalosa distribución de la riqueza. De ello deriva que la gratuidad de la educación debe ir acompañada de una reforma tributaria profunda, sin la cual no se tocará el fondo de una problemática estructural surgida más allá de la escuela y la educación superior.

3.- Creemos por tanto, que el actual debate estudiantil ha repuesto el importante rol de la política en la sociedad democrática, ha visibilizado los anclajes ideológicos que soportan la construcción de la realidad social y ha remecido a la sociedad chilena con masivas marchas en los espacios públicos, revelando las numerosas injusticias y contradicciones que se generan al alero de este modelo neoliberal, implementado ilegítimamente durante los oscuros años de la dictadura y administrado sin cuestionamientos por los gobiernos concertacionistas.

4.- Por último, el lucro en la educación no es un problema de legalidad o ilegalidad, sino que un problema ético. Tal como lo expresara Joaquín Lavín, el lucro es legítimo y está amparado por las leyes de este mismo Estado. Lo que nosotros ponemos en discusión es, por tanto, el fondo del problema y no sólo la norma que lo ampara, que por cierto creemos debe ser radicalmente reformada, como primer punto en el avance por las luchas democratizadoras, la ampliación de la ciudadanía y de nuestros derechos. ¡La educación es uno de ellos!