Aunque en la ceremonia inaugural del museo, la presidenta actual se hizo acompañar de los tres ex presidentes elegidos desde la recuperación de la democracia, es importante hacer la distinción entre las políticas en Derechos Humanos que siguió cada uno de ellos. En primer lugar, recordemos las iniciativas del gobierno de Patricio Aylwin, enfocadas especialmente en el reconocimiento oficial del Estado de la verdad respecto a los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas durante la dictadura, una política valerosa (considerando que Pinochet no dejó la comandancia en Jefe del Ejército hasta 1998), pero insuficiente, ya que la “justicia en la medida de lo posible” significó una gran desilusión para quienes esperaban que los culpables de los crímenes cometidos en dictadura fueran al fin procesados y condenados después de 17 años de impunidad.

Del reciente candidato a la presidencia, Eduardo Frei, es indudablemente más fácil recordar sus esfuerzos por traer al dictador Augusto Pinochet de vuelta al país que su iniciativa por favorecer la “reconciliación” a través de la conformación de la “Mesa de diálogo”, que resultó en un fraude realizado por las Fuerzas Armadas y Carabineros, a pocos meses de haber entregado su informe en el 2001, estando Frei ya fuera del gobierno.

Un giro importante en la política de Derechos Humanos se dio en el gobierno de Ricardo Lagos, con su propuesta del “No hay mañana sin ayer”, con la cual se posiciona a “la Memoria” como un tema de relevancia para el Estado. De esta manera se abre un intenso debate frente a un tema del que hasta entonces se había mantenido relativamente al margen.

Este posicionamiento tiene que ver con procesos de memorialización frente a procesos históricos marcados por la violencia que de una u otra manera han significado quiebres importantes para la sociedad, y en ello radica la importancia de que el Estado colabore para propiciar la formación de sociedades que no lleguen a extremos de violencia y deshumanización como los ocurridos en Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y América Latina en general, como en tantos otros lugares del mundo. El Estado, en ese sentido, no solamente se posiciona para ofrecer una memoria que fomente el desarrollo de una ética (de Derechos Humanos) en la sociedad, sino que en definitiva, lo hace también para asegurar la democracia a futuro, teniendo presente que el respeto a las personas y sus derechos, debe ser condición inexorable para su desarrollo y estabilidad. No obstante, la intromisión del Estado en la memoria conlleva también una serie de complejidades y riesgos.

Un ejemplo interesante respecto a la relación Estado-Memoria, nos llega desde España, país que actualmente enfrenta un proceso impostergable de recuperación de memorias ligadas a la época Republicana, la Guerra Civil y el Franquismo. Detrás de ese proceso, por cierto, hubo un esfuerzo ciudadano, una demanda social para la recuperación de una memoria histórica, de un proceso que por tantos años fue silenciado injustamente.

Dentro de este contexto, el historiador y profesor de la Universidad de Barcelona, Ricard Vinyes, investigador y referente importante en esta materia, advierte de las consecuencias que podría tener el que el Estado asuma una posición particular frente a la memoria. Primero, el establecimiento de un relato transmisible único, impermeable en su lógica interna, cartesiano, que el ciudadano tiene el supuesto deber moral de saber y transmitir de manera idéntica a como lo ha recibido, una forma de transmisión propia de cualquier confesión religiosa. Segundo, establecer el daño y sufrimiento generados en el individuo como el activo esencial de la memoria transmisible, su capital y su guión. Sin embargo, el dolor, el sufrimiento, no es un valor, es una experiencia.

“El dolor causado por el terror de Estado forma parte de la experiencia histórica de los procesos de democratización, y debe ser conocido por la vulneración que significa de los derechos a las personas. Pero situar el dolor generado por el terror de Estado y las dictaduras en el centro de una política pública de memoria conlleva un corolario preocupante: la constitución del sufrimiento en un principio de autoridad sustitutivo de la razón.”[1]

De ello deriva también el que el Estado, a través de la memoria, fomente la victimización incluso en las nuevas generaciones que, sin haber vivido la experiencia, interactúan de lleno con memorias del dolor y del horror que lo posicionan finalmente como un individuo más, dentro de una sociedad victimizada. Lo anterior, sería también un grave desenlace en el que se formarían víctimas paralizadas social y políticamente por el miedo, en lugar de ciudadanos libres dispuestos a contribuir con el desarrollo democrático y social.

Una de las vías para evitar tales consecuencias, es la propuesta del profesor Vinyes de Políticas públicas de la memoria democrática:[2] De acuerdo al profesor vinyes, el daño causado por las dictaduras es irreparable, y frente a ello el perdón carece de sentido, como también la demanda de perdón al Estado, y la concesión de la sociedad afectada frente a ello.

“No hay nada que perdonar ni nada que vengar. El daño causado por la dictadura de un Estado que hizo de la violencia su primer valor y su práctica permanente, ha tenido unas consecuencias y un legado sencillamente imperdonables, tan sólo puede ser explicado, reconocido y asumido. Y asumir significa establecer una política pública de memoria que garantice a los ciudadanos reconocer el patrimonio democrático que históricamente han generado, y acceder al mismo con garantías.”[3]

De lo anterior se desprende que la memoria democrática no es un deber, sino un derecho. En definitiva, el Estado no se constituye como un ente que “genera” memoria de acuerdo a un patrón único, sino más bien como un garante de las memorias, especialmente de aquellas que han sido silenciadas, donde el esfuerzo para garantizar su acceso debe ser mayor. Las memorias, por ejemplo, de aquellos que lucharon para conseguir relaciones sociales democráticas y más justas, pasan a ser un patrimonio ético de la sociedad, y por lo tanto el Estado tendrá que garantizarlo a la ciudadanía para que se transmita y se conozca.[4]

Las políticas de memoria de los últimos dos gobiernos en Chile han seguido una línea similar, aunque bastante matizada respecto a la idea anterior. De todas maneras, la construcción y desarrollo de memoriales a lo largo de todo Chile representa un enorme esfuerzo y la voluntad política de materializar ese patrimonio ético que es la memoria de los sectores sociales silenciados en la dictadura e incluso posteriormente. En cada inauguración de los memoriales, el Estado se ha hecho presente de una u otra manera manifestando así su reconocimiento frente a esas memorias que no son propiedad del Estado, sino de distintas comunidades a lo largo del país. Lo anterior conlleva un riesgo: Si esas comunidades no logran darle sentido al memorial como un instrumento de reflexión que a través de la memoria abra las puertas para pensar sobre los problemas contemporáneos, probablemente acabará convertido en un estático testimonio del pasado, con un relato incapaz de establecer vínculos con las nuevas generaciones y con los desafíos propios de nuestros tiempos actuales.

Ese riesgo lamentablemente se ha concretado en algunos memoriales que han terminado abandonados por quienes en su momento lucharon por conseguirlos, aunque la mayoría actualmente continúan sosteniéndose gracias a los esfuerzos de las comunidades y sociedades que los gestionaron. Ejemplo de ello son los memoriales regionales y comunales, mantenidos por pequeñas agrupaciones de familiares y/o amigos de víctimas. O casos en que han logrado constituir un espacio memorial como una verdadera herramienta de desarrollo social, como lo es el Parque por la paz Villa Grimaldi.

Aunque sea realmente aberrante que a la salida de la presidenta Michelle Bachelet, queden aún tantas deudas pendientes en materia de Derechos Humanos, como lo son la Justicia y la Verdad, no se puede eludir el valor simbólico que representa el que el Estado reconozca y se haga garante de la memoria. El memorial de Paine ofrece un ejemplo importante en ese sentido, pues se instala en medio de una comunidad paralizada –aún hoy- por el miedo y la polarización derivada de la violencia de la dictadura, donde hasta hace poco una porción importante de la sociedad negaba los crímenes perpetrados allí por militares y civiles. En un escenario de ese tipo, definitivamente es fundamental que los representantes del Estado acudan personalmente a avalar y defender las memorias de quienes fueron asesinados injustamente por creer en una sociedad más igualitaria. No es casualidad entonces, que el Estado se haga presente instalando en el espacio público a sus más altos representantes para resguardar las memorias que aún hoy pretenden ser acalladas.

El museo de la memoria, representa el desenlace final de este proceso y esta concepción de la relación entre Estado y Memoria.  Se trata del desarrollo de una memoria democrática, que aunque con éxitos y fracasos, se instala como una institución de Estado.[5] El discurso inaugural de la presidenta, es una muestra de ello, pues pone énfasis en el dolor como una experiencia lamentable, pero no como un valor (es decir, alguien no es más que otro por haber sufrido), y pone como eje central la necesidad del construir una sociedad unida, democrática, capaz de poner ante todo, el valor y el respeto a los derechos de las personas.

“Los derechos humanos deben y pueden ser respetados en cualquier circunstancia. Y justamente en eso reside su universalidad. Lo que sí hizo la crisis fue socavar las bases de convivencia que necesita una sociedad democrática… Y en ese contexto, en esa debilidad, el odio injustificado pudo imponerse.  En eso, justamente, está el aprendizaje que hemos hecho como país.  Y por eso la necesidad de este Museo, porque el recuerdo de los ausentes que con esta obra aquí renacen, nos dice que es esencial preservar nuestra unidad y nuestra convivencia.”[6]

El museo de la memoria realmente invita a toda una sociedad a asumir su experiencia histórica, a mirarse a si mismos veinte años después del fin de la dictadura, para ofrecernos imágenes, relatos, documentos, y sonidos de una época realmente lamentable y vergonzosa para nuestra historia. Invita a realizar un recorrido atento y reflexivo, no únicamente desde el punto de vista de la responsabilidad de quienes pensaron y practicaron el Terrorismo de Estado, sino también de los civiles que colaboraron, de los que miraron hacia otro lado, de los que gozaron la bonanza económica, entre tantos otros, mientras miles de seres humanos eran cruelmente asesinados, torturados, recluidos, exiliados y mientras tantas familias y comunidades se desmoronaron entre tanto miedo y horror.

La propuesta es en verdad interesante, aunque no puede desprenderse de la necesidad de que el  museo de la memoria ofrezca a la comunidad la posibilidad de observar y analizar –a través de la memoria- los problemas actuales que enfrenta nuestra sociedad en relación a los derechos humanos y sociales, derechos que hoy por hoy continúan siendo socavados de una u otra manera: con la violencia económica y la pobreza, con la represión a sectores sociales y pueblos originarios, y con la propia desigualdad de oportunidades entre los distintos sectores sociales.

Es importante pensar el museo de la memoria más allá de un “relato del pasado”. Se trata también de mirarnos nosotros en ese relato y visualizar los desafíos que nos ofrece el presente para trabajar por el desarrollo de nuestra sociedad, para el fortalecimiento de nuestra democracia, para disminuir las desigualdades entre las personas y para construir nuevos proyectos sociales, con la convicción ciudadana y democrática de poder transformar la realidad sin violencia y sin miedo. Sería un verdadero logro del museo de la Memoria y los Derechos Humanos, pero sobre todo un necesario y genuino triunfo de la memoria, de la democracia y de la ciudadanía contra el olvido, contra el miedo y contra el terror.

Referencias y lecturas recomendadas:

• Fotografía de encabezado: Boris Hau. http://www.flickr.com/photos/63638161@N00/

• Bachelet, Michelle. Discurso de S.E. la Presidenta de la República en inauguración del museo de la memoria y los Derechos Humanos. Prensa de la Presidencia de la República. 11 de Enero de 2010, Santiago de Chile. http://www.prensapresidencia.cl/view/viewArticulosGeneral.asp?codigo=5821&tipo=Discurso (13 enero 2010)
• Vinyes, RIcard. La memoria como política pública. En: Opinión, El país edición impresa, 22/01/2010. Ediciones el país S.L.  Madrid, España. 2010. http://www.elpais.com/articulo/opinion/memoria/politica/publica/elpepiopi/20090107elpepiopi_13/Tes/ (19 de Enero de 2010)
• Vinyes, Ricard. La memòria com a política pública. I Colo·qui Internacional Memorial Democràtic: Polítiques Públiques de la Memòria. Barcelona, España. Octubre de 2007.
• Vinyes, Ricard. El problema alemán en Chile. El País – Opinión, 30 de Enero de 2010. http://www.elpais.com/articulo/opinion/problema/aleman/Chile/elpepuopi/20100130elpepiopi_10/Tes
• Vinyes, Ricard (ed.). El Estado y la Memoria: Gobiernos y ciudadanos frente a los traumas de la historia. RBA del Nuevo Extremo Editores. Madrid, 2009.