Por Sergio Grez T. [1]

La  huelga  de  hambre  iniciada  el  12  de  julio  por  los  presos  políticos  mapuches  de  las cárceles  de  Concepción  y  Temuco,  a  la  que  se  sumaron  en  pocos  días  otros  pu  weichafe (guerreros)  recluidos  en  los  presidios  de  Angol,  Lebu  y  Valdivia,  hasta  totalizar  más  de  una treintena  de hombres  resueltos  a los más grandes  sacrificios  por lograr  su libertad  y la de su pueblo, ha puesto a prueba a todos los sectores sociales y políticos de Chile.

Aunque no es extraño que para el gobierno, los principales medios de comunicación,  el gran empresariado, los partidos sistémicos y los aparatos de Estado, esta huelga constituya un “no acontecimiento”  y por ende sea silenciada (¡el propio Ministro de Justicia declaró al cabo de un mes no saber nada al respecto!), resulta vergonzosa la indiferencia  de gran parte de la opinión pública nacional, de muchas organizaciones sociales, de gente de izquierda y de intelectuales que normalmente aparecen asociados a la defensa de los Derechos Humanos. Si bien es cierto que el cerco   mediático   tendido   por   los   consorcios   que   controlan   los   medios   de   información, especialmente la TV y la prensa escrita de tiraje nacional, ha creado una cortina de silencio y de invisibilidad en torno a la cruel realidad sufrida por el pueblo mapuche y sus más decididos luchadores, esto no excusa el mutismo de quienes por historia, tradiciones, declaraciones de principios y representatividad social, deberían hacer oír sus voces de manera potente. Ello no ha ocurrido. Solo los medios de información  “alternativos”,  dos o tres radioemisoras  de cobertura nacional, un grupo minúsculo de parlamentarios,  unas cuantas organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, además de numerosos colectivos políticos y sociopolíticos de la vasta franja (especialmente juvenil) no representada en la institucionalidad política, y un puñado de personas de buena voluntad, han sido las excepciones  que han salvado un poco el honor y dignidad del anestesiado pueblo chileno.

Mucha  gente  en  la  izquierda,  la  intelectualidad  progresista  y  en  el  mundo  asociativo popular ha callado o se ha limitado a declaraciones rituales sin desplegar sus fuerzas, capacidades e influencias  para detener la acción represora del Estado chileno contra este pueblo originario. Parece que no se entiende que las reivindicaciones levantadas por los presos políticos mapuches – no aplicación de la Ley Antiterrorista en las luchas sociales, desmilitarización de la Araucanía, no al doble juzgamiento (justicia civil y justicia militar) por los mismos hechos constitutivos de presuntos delitos, inhabilitación  de los “testigos sin rostro” pagados por las fiscalías para incriminar  a los acusados,   garantías   de  justo   proceso,   término   de  las  abusivas   prácticas   de  “detenciones preventivas” que permiten a los fiscales mantener discrecionalmente encarcelados durante años a un acusado aunque no haya sido pronunciada una condena en su contra, entre otras- conciernen a todos los habitantes de la República de Chile. Numerosas personas no logran advertir que la lucha mapuche  trasciende  los  intereses  específicos   de  ese  pueblo-nación   ya  que  la  defensa  del  medioambiente, de los Derechos Humanos y de las libertades democráticas son causas universales que deben  ser abrazadas  en toda  circunstancia  y lugar.  En realidad,  lo que  estos  sectores  no alcanzan  a  percibir,  es  que  la  lucha  mapuche  por  la  recuperación  de  sus  tierras  ancestrales usurpadas bajo el amparo de la ley y de la fuerza del Estado de Chile, es parte de las causas de la humanidad progresista por salvar al planeta, a la especie humana y a las demás especies de una destrucción segura si no se detienen y revierten las consecuencias de un modelo económico productivista y depredador de los recursos naturales y humanos. Enfrascados en sus particulares problemas sectoriales o gremiales, con sus organizaciones sociales destruidas, atomizadas o debilitadas por la implementación implacable del modelo neoliberal durante varias décadas consecutivas,  desinformados  sistemáticamente  por  los  medios  de  comunicación  de  masas  y sufriendo una anomia de representación política sin par desde hace más de un siglo, los sectores populares chilenos -salvo muy contadas y honrosas excepciones- han manifestado una indiferencia atroz ante el drama que desangra a uno de los pueblos matrices de su propia existencia. ¿Por qué razones  quienes  dicen  ser  sus  portavoces  y  representantes  no  impulsan  la  movilización,  por ejemplo, contra la Ley Antiterrorista  heredada de la dictadura  y aplicada profusamente  por los gobiernos de la Concertación y el actual gobierno? ¿Esta apatía y quietismo se explica solo por el clima generalizado de despolitización que afecta a la sociedad chilena o es también el resultado, cuando se trata de la “cuestión mapuche”, de cierta dosis de inconfesado e inconfesable racismo?

Entretanto, las comunidades indígenas “en conflicto” han continuado sus movilizaciones y la huelga de hambre de los presos políticos mapuches ha entrado en una fase en que la vida de esos pu weichafe corre serio peligro. Para ello solo han contado con sus propias fuerzas y la ayuda de los pocos chilenos que han apoyado –por solidaridad, conciencia y dignidad- la causa mapuche. Estos chilenos dignos también lo han hecho porque saben que, como certeramente señalaba un gran pensador  revolucionario  del siglo XIX, “un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre”.  El  recorte  a  las  libertades  individuales  y  a  los  derechos  sociales;  las  desmesuradas  e indebidas  facultades  de la Justicia  militar;  la acción  abusiva  de fiscales  todopoderosos  que  no trepidan  en  recurrir  a montajes  y pagar  testigos  para  “probar”  sus  acusaciones,  que  prohíjan torturas y tratos vejatorios, que extienden –a la manera del fiscal Ljubetic- su delirio persecutorio en contra  de los familiares  y amigos  de los acusados,  que ponen  cortapisas  al derecho  a una adecuada defensa, y que encabezan campañas mediáticas para crear un ambiente propicio para que la opinión pública acepte condenas de hasta más de un siglo de presidio por supuestos delitos en los que no se produjeron víctimas fatales, son amenazas contra los derechos democráticos, que el pueblo chileno tarde o temprano experimentará en carne propia. Es de esperar que el efecto adormecedor  del  modelo  neoliberal  y del  “pensamiento  único”  que impera  desde  hace  varias décadas en la República de Chile se disipe antes de que sea demasiado tarde.

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[1] Académico Universidad de Chile. Doctor en Historia, École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris.
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