Por Cinthia Vargas Leiva

El tercer día de cada mes, desde hace tres años, y bajo la consigna: “Aparición con vida de las mujeres desaparecidas en democracia  y castigo a los responsables”, diversas organizaciones sociales, políticas, feministas y organizaciones gubernamentales se reúnen en la Plaza del Congreso de Buenos Aires para manifestar su rechazo a la desaparición de mujeres por las redes de trata y tráfico de personas[1]. La trata de personas, especialmente de mujeres y niños, es un problema social que afecta a la población mundial y que, lamentablemente, dentro de los últimos años ha aumentado estrepitosamente. No obstante, este problema no es reciente; tiene una larga historia que lo sustenta y que permite su producción social.

En general, se tiende a asociar la trata de personas a mujeres y prostitución forzada, hecho que tiene que ver con que la mayoría de las víctimas son principalmente mujeres y niñas. Sin embargo, este problema constituye una forma moderna de esclavitud, que consiste en el traslado de hombres, mujeres y niños de un lugar a otro, en donde son sometidos a condiciones de trabajo forzado. Esta práctica abarca no sólo la prostitución, sino también otras formas de explotación como la servidumbre doméstica, labores agrícolas en condiciones inseguras, trabajo en fábricas y talleres, la extracción de órganos, etc. La imposición de estas condiciones se realiza a través de la amenaza, el uso de la fuerza u otras formas de coacción como el secuestro, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad.

La larga historia de la trata y el tráfico[2] de personas antecede a la propia formación de las repúblicas latinoamericanas; desde la época colonial, la “trata de negros” era una práctica habitual, donde personas de origen africano eran traídas por la fuerza para trabajar como esclavos, mientras que algunas mujeres blancas eran trasladadas y sometidas principalmente para prostituirse[3]. En efecto, a pesar de que durante el siglo XIX la mayoría de los países latinoamericanos abolió la esclavitud, algunas formas de explotación semiesclavista como la trata de mujeres o las relaciones de inquilinaje en las haciendas, siguieron produciéndose e, incluso, aumentando. En Argentina, por ejemplo, hacia fines del siglo XIX y, en gran medida, potenciada por la creciente inmigración europea en el país, se constituyeron las primeras redes de traficantes de personas, quienes “importaban” mujeres desde Europa Central y Rusia, “provenientes de familias campesinas, sometidas al vasallaje y a costumbres sexuales que en algunos casos incluían las relaciones pre maritales y los embarazos como signo de fertilidad, [razón por la cual] es posible que hayan aceptado el comercio sexual como una etapa más de su ya desdichada etapa anterior”[4]. Este fenómeno es el que se ha denominado “trata de blancas”, cuyo nombre proviene del tráfico de mujeres europeas que se produjo tras la primera y segunda guerra mundial[5], pero que, en la actualidad, afecta a millones de seres humanos de todo el mundo, no sólo mujeres, sino también niñas y niños[6].

Desde principios del siglo XX se han implementado diversas medidas para combatir el tráfico de personas, especialmente a partir de acuerdos internacionales, como por ejemplo, el acuerdo del 18 de mayo de 1904 (reformulado el 4 de mayo de 1910), cuyo objetivo era reprimir la “trata de blancas”. Así también se firmó el convenio internacional del 30 de septiembre de 1921, para la represión de la “trata de mujeres” y niños, y el convenio del 11 de octubre de 1933, para la represión de la “trata de mujeres mayores de edad”; el convenio para la represión de la “trata de personas” y de la  explotación de la prostitución ajenas de 1949 y, recientemente, el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la “trata de personas” del año 2001[7]. De hecho, la Trata de Personas ha sido definida en la legislación internacional por la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional[8]. Todos estos intentos por frenar este fenómeno constituyen un avance en relación a la defensa y reconocimiento de los derechos de las personas, especialmente porque la trata, al objetivar a los seres humanos, los infravalora como tales.

Sin embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes para erradicar este problema, y esto tiene que ver con que el tráfico de personas se cruza con otros factores que complejizan el fenómeno, como la pobreza, los movimientos migratorios y la violencia de género. Estos factores, si bien no son los únicos, responden a problemas estructurales, económicos, sociales y culturales, que requieren del reconocimiento por parte de los Estados y de la implementación de políticas concretas para su erradicación, especialmente en aquellas zonas con mayores índices de tráfico de personas, como  Asia, África y América Latina.

Con esto, se hace fundamental la adquisición, por parte de la sociedad, de una conciencia ciudadana que establezca la inmediata relación que existe entre la trata –en tanto constituye una actividad humana que busca producir a partir de la explotación de otros seres humanos, objetivándolos- y el consumo de esta producción. Esta relación es evidente en el caso de la prostitución, donde son los consumidores quienes mueven el mercado de trata de mujeres y niñas. Por otra parte, la propia sociedad contribuye a perpetuar este problema, al constituirse como cómplice de toda una red que opera sustentada en este delito, cuyos tentáculos alcanzan desde los repartidores de folletos en las calles hasta los medios que publican avisos de prostíbulos, disfrazados de saunas o centros de masajes. La perpetuación de la trata de mujeres y niñas para prostitución se ampara en una concepción machista de ellas, quienes sólo son valoradas a partir de la utilidad de sus cuerpos en tanto objeto sexual.

En definitiva, la trata de personas constituye una forma de esclavitud que viola los derechos de sus víctimas al deshumanizarlos. Por este motivo, trabajar por su erradicación debe ser uno de los principales objetivos de nuestras sociedades, especialmente si queremos mejorar nuestras condiciones de vida y avanzar en el respeto íntegro de los derechos, la dignidad  y en la protección de todas las personas en el mundo contra este tipo de crímenes.

[1] Para más información, ver www.lacasadelencuentro.com.ar

[2] Si bien los conceptos de trata y tráfico están relacionados, refieren a cuestiones diferentes. Por una parte, “el tráfico es, ante todo, una manera mediante la cual terceras personas facilitan el ingreso irregular de un extranjero a un territorio nacional”. Por su parte,  “la trata, en cambio, es un delito que no necesariamente exige el cruce de fronteras pero sí se configura como una situación de engaño, fraude, coacción, amenaza, violencia o abuso con fines de explotación. En todos los casos, la trata es ante todo una seria violación de los derechos humanos, acompañada de un delito grave.”

[3] “En el año 1797 una población de reclusas inglesas viajaba a una colonia penitenciaria de Australia, pero recaló en el Río de la Plata tras un motín a bordo del barco que las conducía.  La mayoría de las mujeres se quedó en Buenos Aires para ejercer la prostitución, sometiéndose a rufianes extranjeros que ya se habían instalado en Buenos Aires”. Schnabel, Raúl. “Historia de la Trata de personas en Argentina como persistencia de la esclavitud”. p. 5.

[4] Scarsi,  José  Luis.  “Tratantes,  prostitutas y rufianes en 1870”,  en: Revista Todo es Historia, Nº 342, enero de 1996, pp. 11-12.

[5] Kumar, Arun y Salas, Adriana. “Violencia y tráfico de mujeres en México: una perspectiva de género”, en:  Revista Estudos Feministas, Florianópolis, septiembre de 2005 p. 508

[6] “Se estima que entre 800,000 y 2 millones de mujeres y niños fueron traficados en el 2002 en todo el mundo. La Unión Europea estimó en un informe de Marzo de 2001 que unas 120,000 mujeres y niños son traficados hacia Europa cada año”. Organización Internacional para las Migraciones. Migración, prostitución y trata de mujeres dominicanas en la Argentina. Buenos Aires, 2003.

[7] Kumar y Salas. Op. Cit. P. 509.

[8] Organización Internacional para las Migraciones. Op. Cit. p. 10. El órgano encargado de la prevención y ayuda a las víctimas de la trata es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

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