Por Juan René Maureira[1]
Noviembre de 2010

Los procesos de Justicia Transicional[2] demarcan un contexto histórico específico, con necesidades y desafíos particulares. Citando a José Zalaquett, se puede señalar que “las transiciones a la democracia deben entenderse como tiempos fundacionales, o bien refundacionales (…) a la luz de principios de ética democrática (…) el propósito último de un tiempo refundacional es reconstruir un sistema político justo y sustentable.”^[3] Lo anterior nos habla de la forma en que el Estado enfrenta una situación de transición hacia el largo plazo, incluso a nivel de aspectos simbólicos relacionados con cómo entiende la ciudadanía la sociedad que se está forjando o transformando en ese contexto. En ese ámbito, tradicionalmente se ha entendido la Justicia Transicional en tres conceptos clave: Verdad, Justicia y Reparación.

La memoria normalmente entra en juego en el terreno de las reparaciones, por cuanto son acciones esencialmente simbólicas con el objetivo de dignificar a las víctimas y/o sus familiares. También se ha comprendido su valor en relación a la construcción de una Memoria Histórica que señale el reconocimiento oficial del Estado frente a las injusticias y crímenes cometidos en el pasado. No obstante, si las transiciones son un proceso de refundación y reconstrucción del ideario de nación y democracia, entonces las acciones en el plano de lo simbólico cobran una importancia trascendental, donde los trabajos de la memoria pueden también entenderse como acciones directamente encausadas hacia esa refundación y reconstrucción cultural, y no únicamente como una forma de reparación de individuos o grupos determinados.

Trascendiendo esta noción de memoria exclusivamente como reparación, en el marco de los procesos transicionales y/o de democratización, la memoria puede cumplir varios roles, que involucran a múltiples actores sociales y no únicamente a las instituciones del Estado, lo que implica, a su vez, ampliar el horizonte hacia la participación ciudadana en este tipo de acciones sociales y culturales.

Para esos efectos se entenderá que todo acto de memoria es una representación social del pasado que opera desde el presente^[4], y que puede ser atribuida individual o pluralmente^[5]. Esto permite comprender que las memorias en torno a la experiencia histórica de los escenarios de violencia que llevó a cabo el Terrorismo de Estado en el cono sur se desarrollan de acuerdo al contexto histórico en el que están inmersas, y desde allí se transforman, se retroalimentan y se reinterpretan. De esta manera lo ha planteado Elizabeth Jelin en su obra “Los trabajos de la memoria”^[6], en la cual señala que en torno a las memorias se promueven iniciativas de olvido o de reconciliación; otras que glorifican la labor de las dictaduras; otras que vinculan la memoria con el “nunca más”, y otras que tienen que ver con la construcción democrática o con el derecho y deber de la Justicia. En esa multiplicidad de visiones, la memoria debe entenderse entre la recuperación del pasado y su utilización en el presente (sacralizar^[7] la memoria es otro modo de hacerla estéril). A la recuperación de la memoria le sigue la pregunta: ¿Para qué puede servir? ¿Con qué fin?^[8]

La memoria como recurso de organizaciones sociales

La memoria no es ni nunca ha sido propiedad exclusiva del Estado; aun cuando este ha realizado importantes esfuerzos por conquistarla, no puede llegar a dominarla a cabalidad. No obstante, sí puede ser manipulada o direccionada intencionalmente de acuerdo a algún patrón político o ideológico. Por ejemplo, las conmemoraciones de los golpes militares durante las dictaduras eran una oportunidad para instalar en la memoria colectiva el ideario de la “gesta histórica” de los militares en contra del “cáncer marxista”. Se instalaba entonces un relato determinado que criminalizaba a las víctimas e idolatraba a los dictadores. Frente a esto, las iniciativas de memoria surgen como un recurso social de resistencia y acción pública, pese a que las organizaciones que las realizan no lo hayan entendido inicialmente como “trabajos de la memoria”. Se trataba de luchar contra un relato oficial que criminalizaba a las víctimas, silenciaba y negaba los crímenes, e idolatraba a los victimarios.

En este sentido, es posible señalar que las memorias de las organizaciones tienen el potencial de aportar a los procesos de justicia transicional en varios aspectos. En primer lugar, surgen como iniciativas de resistencia frente a los contextos de violencia estatal y, por lo tanto, son un ejercicio de denuncia de los crímenes que este ha cometido. En segundo lugar, la memoria colectiva salvaguarda una multiplicidad de relatos que resurgen con la apertura democrática y que cobran un relevante valor testimonial en el proceso de reconstrucción de una “verdad histórica”. Por otro lado, dignifican a las víctimas frente a la sociedad por su participación política y/o lucha social, haciendo por extensión un ejercicio de interpelación a la sociedad contemporánea, generando también nexos de identificación para las nuevas generaciones.

La memoria como relato oficial

La memoria también sirve como una herramienta para la construcción de un relato oficial, de una Memoria Histórica capaz de narrar una experiencia histórica determinada de acuerdo a un contexto específico. Este relato está directamente relacionado con los objetivos políticos del Estado, en la medida en que pretende articular un ideario de nación determinado.^[9] En ese sentido, si entendemos las transiciones como tiempos refundacionales, será necesario que el Estado articule una serie de artefactos culturales que sean capaces de difundir y socializar este ideario de nación, en este caso, una nación y una sociedad democráticas y respetuosas con los derechos humanos. Este uso de la memoria, si bien me parece muy positivo, conlleva un ejercicio de selección que, si se lleva al extremo, puede acabar silenciando injustamente otros relatos legítimos.[10]

En definitiva, puede ser positivo que el Estado tome un posicionamiento por una narrativa determinada, en este caso, la democracia y el respeto a los derechos humanos; pero existe el riesgo de que en aras de ese ideario, el Estado pretenda hegemonizar y hacer exclusiva esa visión de la historia. Un Estado que se (re)construye democrático debe ser capaz de sostener también una Memoria Democrática, que permita el juego entre la multiplicidad de memorias que interactúan en la sociedad.^[11]

La memoria como reparación

La memoria también ha sido utilizada como una herramienta de reparación simbólica para víctimas y familiares de víctimas de la violencia estatal. En esa línea, muchos Estados de las transiciones han optado por desarrollar iniciativas de memorias que actúen en ese sentido. En general, la política de memoria, también llamada Memorialización, ha implicado la construcción de monumentos y memoriales en los países que han estado atravesados por experiencias históricas violentas. En Chile claramente hay ejemplos de ello, como la Villa Grimaldi, el memorial del Cementerio General, el memorial de Paine, entre muchos otros.

La particularidad de este uso de la memoria es su materialización en el espacio público. Se trata de hacer visible un relato determinado a través de la representación material del pasado narrado. En muchas ocasiones, esta representación varía desde formas explícitas hasta construcciones abstractas y profundamente interpretativas. Como lo plantea Jelin: “Hablamos de espacios materiales que, por la acción de grupos humanos y por la reiteración de rituales conmemorativos en ellos, se convierten en vehículos para la memoria. (…)”^[12] La visión predominante en este uso de la memoria es que el memorial o el monumento es en sí mismo una forma de reparación individual y colectiva de las víctimas y su entorno más cercano. No obstante, esto está estrechamente ligado al grado de apropiación de las organizaciones que promovieron o sostienen el espacio y de la comunidad, puesto que lo que convierte a un memorial o monumento en un lugar de memoria es precisamente la significación y los usos por parte de la sociedad, y no la materialidad en sí misma. Ello implica realizar una crítica categórica: carece de sentido sostener que la materialidad por sí sola genera reparación.

El enfrentar un pasado doloroso, el compartir las experiencias, el realizar actividades de memoria, son las actividades que generan realmente, en algún grado, una “reparación” que incluso es capaz de extenderse a comunidades, y no únicamente a los individuos o grupos directamente afectados. Es aquí, a mi parecer, donde se encuentra uno de los potenciales menos aprovechados por los Estados para generar una real y sostenida reparación simbólica, que sea capaz de extenderse en el conjunto social y a través de las generaciones.

La memoria como política pública

De acuerdo a Ricard Vinyes, la memoria colectiva es un patrimonio de la sociedad en su conjunto, especialmente aquellas memorias que evocan el ideario democrático que el Estado pretende socializar. Asumir una experiencia histórica ligada a un Estado que hizo de la violencia su primer valor “significa establecer una política pública de memoria que garantice a los ciudadanos reconocer el patrimonio democrático que históricamente han generado, y acceder al mismo con garantías.”^[13] En definitiva, el Estado no se constituye como un ente que “genera” memoria de acuerdo a un patrón único sino, más bien, como un garante de las memorias, especialmente de aquellas que han sido silenciadas, donde el esfuerzo para garantizar su acceso debe ser mayor. Las memorias de, por ejemplo, aquellos que lucharon para conseguir relaciones sociales democráticas y más justas pasan a ser un patrimonio ético de la sociedad y, por lo tanto, el Estado tendrá que garantizarlo a la ciudadanía para que se transmita y se conozca.

El potencial de esta visión de la memoria como una política pública, y no únicamente como una reparación, es capaz de trascender el uso de la memoria exclusivamente por y para las víctimas, hacia la construcción y usos de la memoria por parte de la ciudadanía. El riesgo de una política de memoria únicamente entendida como reparación radica precisamente en la sobrevictimización de la sociedad, paralizándola políticamente y obstaculizando su propio progreso ciudadano y democrático. En la medida en que las políticas de la memoria se abren hacia la ciudadanía entera, son capaces de generar identificaciones con sectores sociales no afiliados a estos relatos y con nuevas generaciones, cumpliendo así, además, el objetivo del Estado de socializar, no a través de su relato, sino de muchos relatos, un ideario de nación y sociedad democrática y respetuosa por los derechos humanos.

Finalizando esta pequeña síntesis que propone formas de “pensar” la memoria en contextos de democratización, es posible afirmar y considerar que la memoria tiene un enorme potencial para el desarrollo social y comunitario, capaz de incluso generar resignificaciones del pasado que permitan articular ciertas “reparaciones” en aquellas personas que han sido víctimas de la violencia del Estado.

Si el pasado permanece signado con la muerte y el terror, difícilmente podremos asumirlo y enfrentarlo. Las memorias del horror y del terror nos hicieron decir “Nunca Más” a la violencia del Estado, pero si bien la reiteración de las imágenes del terror y del horror realizaba, por un lado, una denuncia de los hechos, por otro, reiteraba los efectos sociales de la violencia. Por ello la necesidad urgente de proyectar y continuar proyectando nuestro pasado, en función del presente y para el futuro. La memoria es capaz de atender el daño que causó la represión en un sentido colectivo, comunitario y ciudadano, precisamente al actuar como herramienta cultural que puede recomponer ese tejido social que destruyeron las dictaduras y el Terrorismo de Estado. Frente a esto, si bien la Justicia es y ha sido un pilar fundamental en la reconstrucción democrática, la memoria es capaz de realizar un aporte trascendental, capaz de permear más allá de la institucionalidad, hacia una democratización de la cultura y de nuestra sociedad.

[1] Basado principalmente en el trabajo final “Aportes desde la memoria para los procesos de Justicia Transicional y de Democratización”, en el marco del Diplomado Internacional de Derechos Humanos y Procesos de Democratización. Centro de DD.HH. Universidad de Chile y en la presentación realizada para el 4º Seminario latino-americano de anistia e direitos humanos. Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Câmara dos Deputados. Brasilia, Brasil.

[2] Para mayor información acerca del concepto y procesos de “Justicia Transicional”, recomiendo visitar los siguientes sitios: Centro Internacional para la Justicia Transicional: http://www.ictj.org/es/index.html y Programa de Democracia y Derechos Humanos, Centro de DD.HH. Universidad de Chile: http://www.democraciacdh.uchile.cl/.

[3] ZALAQUETT, JOSÉ. “La reconstrucción de la unidad nacional y el legado de violaciones de los derechos humanos”. En: Revista Perspectivas. Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile, Vol. 2, Número Especial. Santiago, 1999. pp. 5-6.

[4] RICOEUR, PAUL. La memoria, la historia, el olvido. Fondo de Cultura Económica. Argentina, 2004.

[5] LAVABRE, MARIE-CLAIRE. “Maurice Halbwachs y la sociología de la memoria”. EN: PÉROTIN-DUMON, ANNE (DIR.). Historizar el pasado vivo en América Latina. Centro de Ética. Universiad Alberto Hurtado. 2007. [http://www.historizarelpasadovivo.cl/] (noviembre, 2010). p. 8.

[6] JELIN, ELIZABETH. Los trabajos de la memoria. Siglo XXI de España, Serie “Memorias de la Represión”. Madrid, 2002.

[7] En relación a los procesos de sacralización de víctimas o de la memoria, sugiero la lectura de: LÓPEZ, MACARENA Y AGUAYO, ESTEBAN. De Víctimas a Santos: Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos. Proceso de Santificación y Sacralización de Personas y Lugares de Muerte. FONDART. Región Metropolitana.

Gobierno de Chile. Ministerio de Educación. Santiago de Chile. 2003.

[8] TODOROV, TZVETAN. Los abusos de la memoria. (Traducción de Salazar, Miguel). Paidós Ibérica, Serie “Paidós asterisco”. Barcelona, 2000. p. 33

[9] NORA, PIERRE. Les lieux de mémorie. 1º Edición. Editorial LOM.  Santiago de Chile. 2009.

[10] Tal como lo plantea Jelin: “Si el Estado es fuerte, y el «policiamiento» incluye controlar las ideas y la libertad de expresión en el espacio público, las narrativas alternativas se refugian en el mundo de las «memorias privadas» a veces silenciadas aún en el ámbito de la intimidad”. JELIN. Op. Cit. p. 41

[11] VINYES, RICARD. “La memoria del Estado”. En: VINYES, RICARD (Ed.). El Estado y la Memoria. 1º Edición. Barcelona. Editorial RBA. 2009.

[12] JELIN, ELIZABETH. Monumentos, memoriales y marcas territoriales. 1º Edición. Buenos Aires. Ed. Siglo XXI. 2003. p. 11.

[13] VINYES, RICARD. “La memoria como política pública”. En: Opinión, El País edición impresa, 22/01/2010. Ediciones el país S.L.  Madrid, España. 2010. [http://www.elpais.com/articulo/opinion/memoria/
politica/publica/elpepiopi/20090107elpepiopi_13/Tes/] (19 de Enero de 2010)