Un paso esencial para avanzar en equidad y equivalencia de género.
Por Cinthia Vargas Leiva.
A mediados de julio, se realizó en Brasilia la XI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, órgano subsidiario de la CEPAL, la cual, tras tres días de reunión, publicó un informe que muestra cuáles son los principales problemas que enfrentan las mujeres de Latinoamérica en la actualidad. Uno de éstos que se mantiene y que, además, conlleva otras consecuencias es la desvalorización del trabajo no remunerado, ese que se realiza en el hogar, que está relacionado con la crianza de los hijos en la familia y con la realización de las labores domésticas que, según lo señala el propio informe, “constituye una carga desproporcionada para las mujeres y en la práctica es un subsidio invisible al sistema económico, que perpetúa su subordinación y explotación”[1].
A pesar de que durante las últimas décadas se han producido importantes transformaciones en las familias latinoamericanas, tanto a nivel simbólico como práctico, relacionados principalmente con una creciente democratización de las relaciones entre sus miembros y de una mejor distribución de las funciones[2], aún persiste una diferencia sustancial en la valorización social del trabajo remunerado y del trabajo no remunerado. Esta diferencia tiene que ver con la distinción entre espacio público y privado, y con el mayor valor que se le ha asignado históricamente a las actividades realizadas en el espacio público en desmedro de lo que sucede en el espacio privado, que correspondería al hogar. A su vez, la identificación, también histórica, del espacio público como un espacio masculino y del espacio privado como femenino, también se manifiesta en la desvalorización del trabajo no remunerado del hogar, ya que la mayoría de las personas que se desempeñan este último son mujeres, las que, por lo mismo, se encuentran en una situación de desventaja.
El proceso de masificación y reconocimiento del trabajo femenino remunerado que se ha dado durante las últimas décadas (pero que siempre ha existido, especialmente en los sectores populares) ha sido muchísimo más rápido que el de la incorporación de los varones al trabajo no remunerado del hogar. Actualmente, las mujeres tienen una mayor participación política y acceso al mercado laboral, a pesar de que aún persisten diferencias en cuanto a los salarios recibidos en relación a los hombres; no obstante, el proceso de que los hombres asuman roles relacionados con el trabajo doméstico y el cuidado de los hijos ha sido muy lento. De esta forma, el proceso de intercambio de los roles tradicionales asignados socialmente a hombres y mujeres se ha producido de forma desigual. Esta situación tiene consecuencias que se manifiestan, por ejemplo, en el exceso de trabajo que recae sobre las mujeres, quienes muchas veces trabajan fuera y dentro del hogar.
Por otra parte, la legislación laboral en muchos casos contribuye a perpetuar estas diferencias. Tal como lo señala Laura Pautassi, “la mayor parte de la normativa laboral en América Latina específicamente referida a las mujeres alude a mecanismos que les permiten articular su capacidad reproductiva y el cuidado de su familia con el empleo. Por ende, la protección de la maternidad es una constante en la legislación interna de los países de la región”[3]. En la historia latinoamericana del derecho laboral, desde su origen se trató de diferenciar entre trabajadores y trabajadoras, otorgando a las mujeres una mayor protección social en su calidad de madre[4]. Estos beneficios, que constituyen un logro importante dentro de las luchas por mejorar las condiciones laborales, contienen en su esencia una desigualdad basada en la diferencia sexual y reproductiva entre hombres y mujeres, lo que se traduce en la desigualdad con que son asumidas actualmente las responsabilidades del hogar, especialmente el cuidado de los hijos, que recae casi siempre sobre las mujeres[5].
Por lo mismo, es hora de avanzar en una mayor equidad de género, tanto el sector público como en el privado, que la distribución de las responsabilidades- tanto de proveer el hogar como de cuidado de hijos y labores domésticas- sea más equitativa y compartida por hombres y mujeres de igual manera. Para que esto ocurra es fundamental que se produzca una transformación cultural, que permita la igual valoración del trabajo que se realiza en el espacio privado, no remunerado -como lo es el cuidado de los hijos y las labores domésticas- y el espacio público -como lo es trabajo remunerado-[6]. Sólo de esta manera -y con esto, que los hombres asuman cada vez más responsabilidades en el espacio privado- estaremos dando un paso hacia la equidad.
En este sentido, la historiografía tiene mucho que aportar, especialmente desde el análisis histórico de los procesos que sustentan estas desigualdades, las que se basan principalmente sobre pautas culturales que las avalan y las reproducen. Si consideramos nuestro rol como historiador@s como una forma de contribución a mejorar nuestras relaciones sociales, nuestras condiciones de vida, en fin, nuestra sociedad, se hace imperante abordar críticamente estas problemáticas ya que es la única forma de que nuestra labor profesional adquiera sentido.
Por último, si sólo se prioriza mejorar las condiciones de acceso a oportunidades en educación, trabajo, salud, o bien, a una mayor participación de las mujeres en la política[7]; se omite que también es fundamental avanzar -y paralelamente- en la equidad de género en el aspecto privado, en la valorización equitativa de las actividades que se dan tanto en este espacio como en el espacio público. De esta forma, para trabajar por alcanzar la equivalencia de género debemos disociar paulatinamente los espacios exclusivos de un determinado género. Este constituye un paso esencial para profundizar la democratización de las relaciones sociales.
[1] Consenso de Brasilia, XI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, CEPAL, 16 de julio 2010. http://www.eclac.org/mujer/noticias/paginas/5/40235/PLE-1Consenso_16_julio-esp.pdf
[2] Ver Jelin, Elizabeth. Pan y Afectos. La transformación de las familias. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires, 1998.
[3] Pautassi, Laura. “Legislación laboral y género”. Estudio basado en la investigación Legislación laboral en seis países latinoamericanos. Avances y omisiones para una mayor equidad, de L. Pautassi; E. Faur y N. Gherardi, Serie Mujer y Desarrollo N° 56, Unidad Mujer y Desarrollo, CEPAL, Santiago, 2004. p. 3 http://www.cejamericas.org/doc/documentos/legislacionlaboralygenero_Laura_Pautassi.pdf
[4] Pautassi señala que, en una etapa previa “a la conformación de los sistemas de seguridad social en América Latina, se sancionaron normas que protegían a las mujeres del trabajo nocturno, insalubre o en condiciones demasiado penosas, tomando en cuenta a la mujer sólo en su rol de madre. En los años en que los países seleccionados sientan las bases de los Estados de Bienestar, especialmente en Argentina, Uruguay, Chile y Costa Rica, se sigue considerando a la mujer como madre, situación que condice con el diseño de un tipo especial de arreglo institucional como los que se desarrollaron en la región. Así, la figura paradigmática de trabajador asalariado fue el varón y los beneficios de la seguridad social se esparcieron por mecanismos de cascada o goteo al grupo familiar del asalariado. En efecto, mientras que el supuesto de pleno empleo fue “masculino”, la “norma”, la relación laboral “típica” era el trabajo regular, por tiempo completo, en edad activa y con muy pocos cambios de puestos y de actividad”. Ibídem. p.4
[5] Aquí en Argentina, habitualmente cuando un hijo se enferma, es a la madre a quien se le otorga el permiso de ausentarse en su empleo, mientras que ese beneficio no es otorgado a los padres, siendo que la responsabilidad del cuidado de los hijos es de ambos.
[6] Un punto importante en la necesidad de revalorizar el trabajo no remunerado del espacio privado es contribuir también a terminar con las formas de violencia familiar, ya que, por ejemplo en el caso de la violencia conyugal ejercida desde el hombre hacia la mujer, una de las formas de mantener el sistema de violencia es a través del control económico sobre ella, es decir, que si el varón es el único proveedor del hogar y se constituye como agresor, esta situación es un factor agravante en el contexto de violencia.
[7] Un ejemplo de esto es la Ley de Paridad impulsada durante el gobierno de Michelle Bachelet, que buscó la igualdad de género en los cargos de representación popular y de responsabilidad pública.
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