Ilustración de Iker Ayestaran

Paine es una comuna enclavada en el fértil valle del río Maipo, un lugar cercano a Santiago donde se halla la región vitivinícola más antigua de Chile. Zona de históricos latifundios, Paine es también conocida por ser la localidad que registra el más alto porcentaje de detenidos desaparecidos de la República, según informó en 1990 la Comisión Rettig, que consideró que esta fue prácticamente la única población donde participaron activamente civiles en la represión causada por el golpe de Estado de septiembre de 1973.

En la noche del 16 de octubre, una caravana militar peinó las calles de Paine dejando un rastro de estupor y ausencias: en la calle Veinticuatro de abril, formada por 12 casas, habitaban con sus familias quince hombres adultos. Se llevaron a catorce y no regresaron jamás. El lugar es conocido hoy como “el callejón de las viudas”. El inventario de desaparecidos cuenta 70 víctimas en Paine. Un estudio posterior probó que las 70 desapariciones afectaban a una red familiar y social que superaba el millar de personas, abarcando de la primera generación a la tercera. En Paine, la comunidad se desintegró por el miedo derivado de la vinculación entre violencia y muerte, que irrumpió en la vida cotidiana de la sociedad alterando las relaciones sociales hasta lo más hondo. Vecinos que eran víctimas y victimarios.

Los consecuencias del miedo no se modifican automáticamente –ni necesariamente– cuando cambia el contexto político con la instauración del Estado de derecho. Las secuelas son permanentes en las personas y en la sociedad, de ahí la necesidad de mantener la memoria de lo ocurrido para encauzarlas. Sin embargo, la memoria puede convertirse también en un agente reproductor de la traumatización si no es reintegrada y resignificada desde el presente y para el presente. Paine abordó el reto de usar la memoria como un elemento destinado a la reconstrucción de la identidad familiar y comunitaria y evitar el encierro de la víctima en su desastre.

En el contexto de la detención de Pinochet en Londres y del auge que entonces tomaron las iniciativas memoriales, la Asociación de Detenidos-Desaparecidos de Paine, tras promover el conocimiento histórico de los hechos acontecidos y socializarlo por medio de programas y proyectos, formuló la creación de un lugar que permitiera evocar las víctimas al conjunto de las tres generaciones afectadas, y al resto de la población. Con ese mandato fue convocado un concurso de arte público a finales de 2002, con financiación del Gobierno. El proyecto seleccionado correspondió a la propuesta de la artista plástica chilena Alejandra Ruddoff y la firma de arquitectos Iglesis & Prat y se titulaba “Bosque topográfico”. El resultado constituye una de las más interesantes instalaciones memoriales de América.

Se trata de un bosque temático de un millar de mástiles a distinta altura, del que fueron retirados aleatoriamente 70, correspondientes a los 70 pobladores ausentes. En los espacios liberados se incorporaron mosaicos pensados y realizados por los familiares de cada uno de los desaparecidos, y una espaciosa ágora donde realizar distintas actividades sociales y culturales relativas a la memoria de lo acontecido y sus consecuencias. Cada familia debía representar allí, en aquel vacío, su memoria del familiar desaparecido. Fue un proceso participativo, las familias realizaron talleres de capacitación artística en técnicas de mosaico y de expresión, no sólo para obtener resultados formalmente correctos, sino para que el proceso actuara como reparación al establecer la discusión sobre la memoria de los hechos y la víctima. Aquel proyecto devino así mucho más que un elemento conmemorativo, impulsó el desarrollo personal, familiar y comunitario de la memoria en torno a los crímenes acontecidos, pero especialmente de la vida de las víctimas.

Las tres generaciones que conviven tuvieron que afrontar el dilema de la memoria que deseaban representar y transmitir. No había una memoria familiar común y cada generación ensayó representar su memoria del desaparecido en un mosaico que fuera de todos, por lo que debían alcanzar consensos, y en esa tarea de mediación colaboraron artistas, psicólogos, arquitectos, asistentes sociales… La discusión familiar se centró en cómo representar, es decir, cómo “re-humanizar” a las víctimas. La primera generación (esposas, madres, padres) preservaba una memoria explicitada en símbolos relativos a la muerte y el dolor; la segunda (hijos, hermanos menores, sobrinos) demandaban símbolos relativos a la épica del héroe y el mártir procedentes de los relatos clandestinos. La tercera generación, (los que habían nacido después o eran muy pequeños), no compartía la idea de establecer una memoria del dolor, horror y miedo, ni del mártir, ni del héroe: manifestaban querer representar la vida de quien no conocieron. Esa última generación sostenía que calificar a alguien como héroe no era otra cosa que una deshumanización positiva que les alejaba de lo que realmente fueron, personas comunes asesinadas por tener ideas distintas a las del latifundista o militar. Así, aparecieron en las familias nuevos relatos, nuevas memorias enlazadas que trascendían el círculo de la víctima. Quien observe los mosaicos verá que la denuncia que expresan no es la habitual de los memoriales, no consiste en “esto es lo que nos hicieron”, sino en “ellos son a quienes nos quitaron”. Ese “ellos” eran padres, hermanos, tenderos y profesores, cantantes y labradores.

El centro estaba en la vida de la víctima, no en su desaparición, sino en la memoria de lo que era y la imaginación de lo que pudo ser.

*Historiador catalán. Columna publicada originalmente en Dominio Público: http://blogs.publico.es/dominiopublico/3837/la-memoria-de-paine/

Varias veces he escuchado a personas que detestan las protestas ciudadanas por los habituales desórdenes y destrozos que generan en la vía pública, donde subyace la idea de que nuestras libertades terminan donde comienzan las libertades del resto, una frase demasiado amplia que, en términos aplicados, refiere al «¿por qué tengo que sacrificar MI libertad de circular (en mi auto, bici o micro) por un grupúsculo de personas que quieren manifestar algo que a mí no me interesa?». (Entonces admiran a Carabineros, que simplemente «hacen su trabajo» de dispersar a los manifestantes y al fin pueden proseguir con su camino habitual, sin interrupciones).

Hay en ese tipo de frases una inconsistencia similar a cuando las personas reclaman «derechos humanos para todos y no sólo para los ladrones», y es la falta de conciencia de lo que implica la obligación de protección y resguardo de las libertades que tienen los Estados para con sus propios ciudadanos. El problema es cuando esa falta de conciencia es la que gobierna y recrea esa forma de razonamiento. Ahí, lamentablemente, tenemos un gran problema.

En una democracia «ideal», el Estado debe estar allí para velar, a través de sus diversas instituciones, por el ejercicio de las libertades y derechos que constituyen el fundamento esencial para la dignidad de las personas; esto es, por ejemplo, el derecho a la salud, educación, vivienda, etc. No obstante, este ideal se contrapone inevitablemente con la realidad de que, en incontables ocasiones, los intereses de los distintos grupos que componen la sociedad se ven confrontados. Allí es donde el Estado debe adoptar una postura no únicamente de «reconocimiento» de derechos, sino también de protección de los derechos de aquellos que pueden verse afectados por los intereses del grupo más poderoso, ya sea por su superioridad numérica, económica, política o de cualquier otra índole.

Un ejemplo más práctico: supongamos que un supuesto terrorista, que habría causado una serie de atentados en los que murieron varias familias, es sorprendido intentando abandonar el país. Naturalmente, los medios habrían hecho su trabajo de difundir la noticia, se ha comentado el caso en la opinión pública y, lógicamente, la sensación generalizada de todo el mundo sería de «colgar» al criminal: «¡Mano dura nomás!»; en fin, la mayoría querría “eliminar” a ese sujeto indeseable socialmente. Entonces es aquí donde la esperanza de esta persona (que aún no se ha demostrado que sea el autor de los atentados) es la protección de las instituciones del Estado. Las personas clamarían: «¿¡Y las víctimas no tenían también derechos humanos!?». -Sí, los tenían, pero desafortunadamente no pudieron ser salvadas; esa situación no implica no tener que salvar a otra persona o matarla en señal de venganza (como si un médico que no logró salvar a un recién nacido de la muerte se negara a salvar a su madre porque no tomó las precauciones necesarias para el resguardo del bebé). El Estado tiene el deber de proteger y luego juzgar a ese sujeto que es, por su derecho, inocente hasta que se demuestre fehacientemente lo contrario.

El ejemplo anterior no está muy lejos de casos que regularmente vemos en los medios. Hace poco ocurrió con el reconocido Osama Bin Laden, quien fue asesinado por una decisión unilateral de un gobierno que quiso complacer a las mayorías (como lanzar cristianos a los leones, ¿no?). También en Chile ha sucedido y continúa sucediendo: pasó con los comunistas, terroristas y “vendepatria” durante la dictadura militar; pasa hoy con los mapuches que queman fundos en el sur, y está pasando con los «criminales» que ocupan las calles para manifestar no sé qué, a los cuales hay que combatir con gases lacrimógenos[1].

Bien, bajo ese último razonamiento, hemos visto que ocupar una calle, interrumpir el tránsito, levantar una pancarta o lienzo es un acto, ante todo, criminal (porque los gases lacrimógenos son para ese tipo de situaciones masivas, ¿no? ¿Alguien ha visto policías en una persecución de narcotraficantes usando bombas lacrimógenas?). Es decir, son todos criminales hasta que se demuestre lo contrario. En esa línea es cuando cabe preguntarse: ¿Vale más la libertad de tránsito y de orden que la libertad de manifestación ciudadana? ¿Qué posición debería adoptar el Estado frente a esta disyuntiva?

En mi opinión, y de acuerdo con lo mencionado, el Estado tiene la obligación de proteger los derechos de las personas, especialmente de quienes tienen más posibilidades de ser vulnerados. Por ello existen -además de derechos humanos- derechos del niño, de la mujer, de los pueblos originarios, etc., en el reconocimiento de su situación de vulnerabilidad. Extendiendo esto, supongamos que un pequeño grupo de estudiantes interrumpe el tránsito como recurso desesperado para exigir al gobierno una respuesta frente a sus legítimas demandas. La mayoría en este caso son los conductores que ven afectada su «libre circulación» y deben buscar vías alternativas. Si la situación llegase a un extremo, la mayoría podría perfectamente expulsar a palos a ese pequeño grupo «molesto» para restaurar el tránsito. Entonces, el Estado tendría que estar allí para resguardar el derecho de esas personas a que puedan manifestar sus demandas en forma legítima y pacífica. De la misma forma como el Estado protegería a ese pequeño grupo de personas, debería protegerme a mí en el momento en que sea yo y mi entorno los que necesitemos manifestarnos frente a alguna situación. Es un derecho de todos y para todos, y el Estado debe constituirse en un garante de esta regla.

En Chile, no obstante, nunca vemos a los carabineros protegiendo una manifestación de mapuches, de estudiantes, de los que no están de acuerdo con HidroAysén, o cualquiera que manifieste algo contrario a los intereses más influyentes. Se observa todo lo contrario: la policía y el Estado responden al deseo de «restaurar el orden» (o de acallar a los ciudadanos), sacrificando en ello el mínimo derecho de otras personas a manifestarse. Sin duda, pensar en algo diferente parece utópico, pero la realidad es que en otros países, partiendo por la cercana Argentina, el Estado se ha posicionado de forma diferente: en dicho país, por ejemplo, por decisión de gobierno, la protesta ciudadana no es reprimida mientras se desarrolle en forma pacífica, no se requieren autorizaciones previas, ni se llena de policías de fuerzas especiales ni carros lanzaaguas. Normalmente las protestas terminan bien, sin decenas de detenidos ni gases tóxicos dispersos por toda la zona. Esto también genera molestia en el común de las personas que ven afectada su jornada laboral, su trayecto a la escuela, o una serie de otras rutinas legítimas de defender, pero el Estado se posicionó en favor del resguardo del derecho a la manifestación cívica, a riesgo de sacrificar su popularidad. Es una decisión consecuente con su postura en defensa y promoción de derechos humanos y sociales.[2]

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El derecho a la manifestación, a la protesta social, a la expresión en el espacio público, es una condición fundamental para la integridad de la persona humana y para su desarrollo social y cultural; se trata, en definitiva, de un elemento vital para la vida en comunidad. Es una pena que en nuestro país esta noción aún no se lleve a la práctica, puesto que gozamos de una tradición de irrespeto por los derechos ciudadanos y de un Estado que lo disfruta y se beneficia de ello cómodamente. Mientras, él mismo es reelecto en el Consejo de DD.HH. de la ONU, jactándose de su consolidación democrática[3], aun cuando viola tratados ya ratificados de protección de derechos civiles, de pueblos originarios, mujeres y niños; y aun cuando ni siquiera cuenta con instituciones eficientes en la defensa de las personas[4].

Personalmente, no apoyo ni legitimo el uso de la violencia como forma de acción política o de cualquier otro tipo, pero no me sorprende que en nuestro país cada manifestación social, cada protesta, cada acto público, termine en la violencia, ante la provocación del propio Estado en contra de los ciudadanos, fruto lógico de la frustración acumulada por causa de gobiernos que miran hacia otro lado, mintiéndole al mundo exterior sobre su realidad interna, y de la falta de compromiso de instituciones que deberían estar al servicio de la ciudadanía, y no de intereses específicos de grupos a los que les va bien con el modelo vigente. Me indigna cuando un gobierno criminaliza a sus propios ciudadanos, porque es un recurso mentiroso y violento, reflejo de una pérdida de legitimidad evidente, reflejo de un modelo insostenible; reflejo, en definitiva, de un escenario histórico en que una profundización democrática y ciudadana no puede continuar esperando, reflejo de la necesidad imperativa de ejercer nuestro legítimo derecho a pensar y construir un proyecto de país para todos, en el que podamos expresar nuestras ideas en el espacio público, sin miedo y sin violencia, con la convicción de que estamos consolidando una democracia sustentable y arraigada en nuestras propias prácticas cotidianas; una democracia real, no de papel.

Sr. Sebastián Piñera Echeñique:

Lo hacemos desde nuestra condición de sitios de memoria, que por su sola existencia, recuerdan que en Chile en un pasado reciente el terrorismo de Estado violentó gravemente y de manera sistemática estos derechos, a través de la comisión de delitos que la justicia internacional ha reconocido como crímenes de lesa humanidad. Junto con ello, los sitios de memoria trabajamos por el más pleno respeto de los derechos que, en el presente, están siendo vulnerados.

2. Usted debiera saber que el camino de la Verdad y la Justicia ha sido complejo, contradictorio y, en la inmensa mayoría de los casos, infructuoso. Esta tarea, que hoy enfrenta nuevas pruebas y desafíos, sigue siendo asumida desde hace cerca de 40 años por los familiares directos de las víctimas y por los hombres y mujeres que vivieron la prisión, la tortura y la desaparición de sus compañeros y compañeras de cautiverio, sin haber sido nunca sometidos a proceso, ni contar con las debidas garantías procesales.

Todo esto sucede en momentos en que la sociedad chilena, en su inmensa mayoría ha tomado conciencia de esas violaciones a los derechos humanos y de sus consecuencias en nuestros días. Porque ha sido el mismo Estado el que ha reconocido estas violaciones a través de los respectivos Informes de Verdad conocidos como Valech y Rettig.

3. Durante los primeros meses de este año se ha ido configurando una grave situación para los Derechos Humanos en Chile.

Casi a “cuenta gotas” y desde procedimientos “con letra chica”, violadores de derechos humanos, jefes de centros, directores de la CNI, responsables de graves delitos como secuestros, desaparición forzada, torturas y ejecuciones, comienzan a quedar en libertad.

Esto sucede por diversos procedimientos, llámense beneficios carcelarios hace unas semanas y ahora un Seremi de Justicia, autoridad bajo su línea directa que tiene sobre su mesa el aprobar o denegar la libertad condicional de uno de los jefes del centro de exterminio, tortura y desaparición Villa Grimaldi, hoy Parque por la Paz, junto a uno de los autores intelectuales del crimen del dirigente sindical Tucapel Jiménez, entre otras excarcelaciones.

Los penales especiales para ex represores, personas que más allá de utilizar uniforme o terno cometieron delitos de lesa humanidad, poco a poco se vacían. Aquí la escasa justicia conquistada ha sido burlada mediante esta estrategia que consagra la impunidad y hace innecesario el indulto prometido.

La satisfacción manifestada por la fiscalía y otras autoridades por las condenas a presidio perpetuo dictadas en un reciente juicio por homicidio, resulta contradictoria con la comprensión, casi simultánea, ante las libertades que se otorgan a personas que, en su calidad de agentes del Estado no sólo asesinaron a sus víctimas, sino que además las torturaron y ocultaron, o destruyeron sus cuerpos, sin manifestar hasta ahora arrepentimiento ni disposición a colaborar con la justicia.

Ante nuestras demandas se nos dice que, en consideración al tiempo transcurrido, es difícil investigar y que se debe ser clemente en las penas, pero cuando ocurrieron los hechos no hubo voluntad para investigar y los tribunales se declararon impedidos de actuar. Si no fue ayer, ni es hoy ¿Cuándo será la hora de la justicia para las víctimas de la dictadura? Esta exigencia que ha resonado durante décadas, tiene vigencia y futuro.

4. Mientras violadores a los derechos humanos recuperan su libertad, su gobierno engaña a los comuneros mapuches encarcelados. Porque ha ignorado los acuerdos tras el movimiento de esa larga Huelga de Hambre del año pasado, para sorpresa de una ciudadanía que apoyó y se movilizó en demanda del derecho a su libertad o de un juicio justo y con todas las garantías procesales propias de una Democracia.

Se les procesa por Ley Antiterrorista, aunque los abogados del Ministerio del Interior planteen la recalificación al final, por ello se producen condenas tan aberrantes como los 25 años para Héctor Llaitul y sus compañeros, quienes nuevamente han emprendido un movimiento de ayuno prolongado el que ya se aproxima a los dos meses.

En el denominado caso “bombas” poco a poco las “pruebas ruedan por el suelo”, un Juez se refiere a ellas como de cuarta categoría y los inculpados para quienes se pedía incluso prisión perpetua, quedan en libertad. El Fiscal Peña luego de este cometido, renuncia y se convierte en asesor directo de vuestro Ministro del Interior.

¿Qué pasa Sr. Presidente?

5. ¿Qué sucede en Chile con los derechos humanos? ¿Qué sucede en Chile con la Justicia?

Por estos días, sacerdotes que cumplen su tarea junto a los perseguidos son agredidos verbalmente por parlamentarios de su alianza de gobierno, como en los tiempos de la Dictadura, cuando así se buscaba amedrentar a los denunciantes.

Transcurrido más de un año de su gobierno, nuestras instituciones quieren manifestarle nuestra mayor preocupación ante la gravedad del escenario descrito.

Usted deberá exponer su cuenta anual ante el Congreso Pleno y todo el país el próximo 21 de Mayo. Le solicitamos que junto con dar cuenta de la política de su gobierno en derechos humanos, exprese con claridad sus objetivos para este nuevo año.

Nuestras instituciones emplearán todos los medios en Chile y el exterior para informar sobre estas situaciones que ensombrecen una tarea humanitaria como es la de los Derechos Humanos. Los de ayer y los de hoy, porque a fin de cuentas los derechos humanos son un aprendizaje que en Democracia deben y pueden practicarse en todas las situaciones.

Lo saludamos atentamente.

COMITÉ DE DD.HH NIDO 20 DE LA CISTERNA

COMITÉ NACIONAL PARQUE POR LA PAZ TRES Y CUATRO ALAMOS

AFDD-PAINE, CORPORACION PAINE UN LUGAR PARA LA MEMORIA

MUSEO ESTADIO NACIONAL-MEMORIA NACIONAL

CORPORACION JOSÉ DOMINGO CAÑAS

LONDRES 38, ESPACIO DE MEMORIAS

CORPORACION PARQUE POR LA PAZ VILLA GRIMALDI

Santiago 6 de Mayo de 2011.

A menudo cuando he conversado con amigos de otros países acerca de los problemas y las diferencias sociales y económicas que existen en Chile, llegamos un punto de la discusión que causa sorpresa: la débil institucionalidad en derechos humanos y sociales de nuestro país.

Les propongo un ejemplo que justamente me pasó hace una semana: Conversábamos con un amigo peruano sobre las constantes alzas del transporte público que están ocurriendo en Chile, y cómo dichas alzas que pretenden ser justificadas con la idea de que son los “costos” de un país desarrollado, no se condicen con la realidad de que los sueldos de la gran mayoría de la población no llegan ni a los talones de los que se pagan en el primer mundo. En términos más estrictos, habría que señalar que se trata de un problema grave: Estamos frente a un Estado que no se está haciendo cargo de una necesidad elemental y cotidiana de las personas que trabajan a diario, no únicamente para su beneficio personal, sino para poner en marcha la productividad del país, productividad a partir de la cual el mismo Estado obtiene beneficios tributarios que, en definitiva, no está distribuyendo como debiera.

Qué decir del caso de los estudiantes, que naturalmente deben ser beneficiados con una tarifa menor a fin de asegurar que los costos del transporte no representen una dificultad para acudir a sus lugares de estudio.

No soy jurista, y por lo tanto no estoy en competencias para afirmar que aquí hay o no en términos estrictos un conflicto de derecho. Lo que sí puedo afirmar -y lo puede hacer cualquier ciudadano- es que en este tipo de situaciones que afectan a la población, y en tantas otras que pueden ser aún más graves, sencillamente no tenemos dónde acudir.

Entonces mi amigo preguntaba: ¿No tienen una defensoría del pueblo dónde acudir en este tipo de situaciones?

-No.

En Chile contamos con una precaria institucionalidad en derechos humanos y sociales. Básicamente hablamos de un Instituto de Derechos Humanos al que se le quitó –por acuerdo Concertación/Alianza- prácticamente la mitad de sus atribuciones consignadas en el proyecto original. Hoy, permanece más como una institución observadora sin capacidad de acción.

Contamos con un pequeño Programa de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio del Interior que es continuación de las comisiones surgidas a partir del informe Rettig y sus atribuciones tienen que ver con ocuparse de la problemática en DD.HH. relativa a la dictadura militar, y sin jugar un rol activo en relación a las afectaciones a derechos humanos que ocurren o puedan ocurrir en la actualidad.

Existen además otras instituciones que, sin ser propiamente tal de derechos humanos, cumplen un rol tangencial en este ámbito, tal como lo puede ser la Contraloría en relación a la transparencia y fiscalización y la Defensoría Penal Pública en el ámbito procesal-penal. No obstante, ninguna de esas instituciones puede ayudar a la ciudadanía en casos en que sea el propio Estado el que afecta los derechos de las personas en forma activa o por omisión.

De esta manera, el panorama general se vuelve paradójico cuando recordamos que todos los gobiernos de la Concertación manifestaron un “compromiso” con los Derechos Humanos. Unos más, otros menos, otros en la medida de lo posible, pero lo cierto es que efectivamente hubo una articulación de políticas públicas en derechos humanos. El problema central está en que dichas políticas públicas obedecieron a un criterio de corto plazo, a políticas de corte gubernamental en lugar de forjar en un proyecto a mediano y largo plazo una institucionalidad sólida y una política de Estado en materia de protección y promoción tanto de los derechos humanos, como de otros derechos sociales y culturales.

Uno de los problemas que se suscitaron, por ejemplo, en la creación del Instituto de Derechos Humanos, fue la priorización por parte del gobierno en la aprobación y concreción del proyecto por sobre el contenido del mismo, una maniobra que le dio puntos al gobierno de turno a costa de aprobar una institución que no está a la altura de las necesidades del país. Las largas discusiones que habían sedimentado un proyecto lleno de contenido y funcionalidad terminaron depositadas en algún archivo y la institución –calcada de modelos europeos- no está cumpliendo un rol muy activo actualmente.

“…si los Estados tomaran dichas recomendaciones generales como un compendio de criterios, funciones y métodos que les sirva de referencia, a la hora de crear sus propias instituciones nacionales de derechos humanos. Sin embargo, si en el proceso de establecer tales instituciones las autoridades estatales tienen en cuenta los PP [Principios de París] como una especie de check list a la cual deben sujetarse cabalmente, existe el riesgo de que la entidad que se forme no sea debidamente funcional.”[1]

Otra discusión, abierta recientemente a raíz de una propuesta del senador Hernán Larraín, tiene que ver con la creación de una Subsecretaría de Derechos Humanos. Iniciativa valorable en el sentido de que puede colaborar a, por una parte, crear políticas de Estado en el área y no reducirlas a “programas gubernamentales”, y por otra parte a ampliar el margen de acción del gobierno en esta materia, sin circunscribir su actividad a un único campo dentro de los múltiples desafíos que debe atender un gobierno en torno a este tema.

“…es pertinente que exista una entidad administrativa que coordine los esfuerzos  internamente, agilizando las respuestas frente a la comunidad internacional,  generando indicadores de cumplimiento de derechos en la política pública y organizando una respuesta coherente y transversal en derechos humanos con mayor peso político y, por lo mismo, con mayores probabilidades de éxito que la que hasta ahora ha existido.”[2]

De todas maneras, una Subsecretaría de Derechos Humanos si bien “obligaría” institucionalmente a todos los gobiernos a llevar adelante un programa y proyectos en el área, finalmente estará siempre ceñida a la voluntad política de la presidencia, por lo cual es lógicamente insuficiente ante casos en que sea el propio Estado, o el gobierno, quienes estén involucrados en situaciones que afecten los derechos de la ciudadanía.

“…se trata de una entidad de gobierno, compuesta por funcionarios públicos que dependen jerárquicamente de la autoridad política, y si bien pueden contribuir a mejorar la gestión desde el punto de vista de los derechos humanos, no pueden garantizar su independencia al hacerlo”.[3]

Por ello se hace sumamente necesario contar con una Defensoría del Pueblo como una institución de Estado, permanente e independiente de otras instituciones, a fin de defender los derechos de la ciudadanía y tomar una posición activa en los casos que afecten a la población. El proyecto de ley que crea esta institución aún está en discusión en el Congreso, después de varios intentos de aprobación de la iniciativa, aún no logra materializarse.

La Defensoría del Pueblo es una necesidad que requiere que sea atendida por las autoridades,  puesto que “la mayor demanda de derechos por parte de la ciudadanía ha puesto en evidencia que el ordenamiento institucional adolece de numerosas situaciones abusivas y, con frecuencia, se conocen casos que llegan a límites inaceptables de desprotección (…)

Es tarea de la sociedad civil exigir su creación y al mismo tiempo propiciar las características que hagan de su institución un efectivo factor de poder para la ciudadanía. La estrategia impulsada consiste en ampliar conceptualmente el proyecto de reforma constitucional; relanzar política y comunicacionalmente la Defensoría Ciudadana; acordar y mantener la urgencia para su tramitación; presentar un proyecto de ley orgánica constitucional y promover el más amplio debate informado en el Congreso Nacional. Es importante contar con la más activa participación de las instituciones de la sociedad civil en los contenidos y génesis de la institución, dando expresión a la amplia experiencia acumulada, para así lograr el apoyo social necesario. ” [4]

De todas maneras, hay algunos aspectos adicionales que el Estado debe atender, y que son esenciales para que una institucionalidad más sólida en DDHH sea consecuente con la realidad. En primer lugar, el País no sólo debe firmar y ratificar los instrumentos internacionales creados para la protección y promoción de los derechos de las personas, sino además asegurar que dicha protección y promoción se haga realidad en el plano local realizando un trabajo comprometido con toda la sociedad. En segundo lugar, promover el respeto y el valor por las personas y sus derechos, así como de la democracia, a fin de desarrollar sociedades íntegramente democráticas y no únicamente una institucionalidad que no puede apoyarse sobre los mismos valores en la sociedad. Es una necesidad imperativa mejorar la educación cívica y en derechos humanos en Chile.

Por último, no olvidar que las instituciones están compuestas por personas, y que finalmente un Estado que dice respetar los derechos humanos, no puede mantener funcionarios públicos que hayan pertenecido a instituciones que funcionaron como una política permanente de terrorismo de Estado a través de torturas, desapariciones forzadas, cautiverio, entre tantas otras formas de atentar a los derechos de las personas. La existencia de oficiales involucrados en actividades ilegales civiles o militares (no hablamos únicamente del ejército) es absolutamente incompatible con la construcción y desarrollo de un Estado genuinamente democrático y respetuoso por los derechos humanos.

Referencias en Internet:

• http://www.ombudsman.cl/
• http://ombudsman.bcn.cl/
• http://www.cdh.uchile.cl/
• http://www.indh.cl/
• http://www.democraciacdh.uchile.cl/
• http://www.ddhh.gov.cl/
• http://www.derechoshumanos.udp.cl/
• http://www.atinachile.cl

]]> http://www.estudioshistoricos.cl/blog/desafios-para-una-institucionalidad-de-derechos-humanos-en-chile/feed/ 6