Los historiadores que suscribimos esta declaración nos vemos, una vez más,  en la obligación moral de denunciar la sistemática política represiva que el Estado de Chile despliega en contra del pueblo mapuche. Las comunidades mapuche que han levantado como principales demandas la restitución de sus tierras ancestrales, el respeto a su condición de nación y el reconocimiento a su autonomía política, enfrentan hoy día una triple ofensiva represiva.

En primer lugar, policial. El territorio de la Araucanía continúa fuertemente militarizado, las comunidades son allanadas periódicamente y en la mayoría de las circunstancias sus habitantes son objeto de golpes, insultos acciones de  amedrentamiento. Los comuneros han denunciado, incluso, que sus viviendas son destruidas y sus alimentos y enseres son arrojados al piso. El trato que la policía brinda a mujeres, ancianos y niños es vejatorio y humillante. El despliegue policial, además, se caracteriza por el uso abusivo de un sofisticado arsenal, que incluye, helicópteros artillados, vehículos blindados, armamento automático y gases tóxicos.

En segundo lugar, los mapuche son objeto de una cuidadosamente orquestada ofensiva judicial. El Estado de Chile, a contrapelo de todos los tratados internacionales que ha suscrito, niega la existencia de un conflicto político en la Araucanía. En consecuencia, recurre a la legislación que dictara de manera espuria la dictadura militar (Ley 18.314 sobre conductas terroristas), para judicializar tanto las reivindicaciones como las movilizaciones del pueblo mapuche. Cabe señalar que 32 presos políticos mapuche se encuentran en huelga de hambre, en diferentes penales del sur del país, desde el 12 de julio de 2010. Este movimiento denuncia entre otras cosas, una serie de abusos e irregularidades de los cuales son objeto, entre las cuales destacan: torturas y vejámenes a los detenidos, montaje mañoso e ilegítimo de “pruebas” incriminatorias, uso de testigos encubiertos, doble procesamiento (tanto en tribunales de garantía como en tribunales militares) y solicitud por parte de las fiscalías de la aplicación de penas desmedidas en relación con los delitos que se les imputan. En el caso de Héctor Llaitul Carrillanca la Fiscalía de Cañete ha solicitado más 103 años de cárcel para el inculpado (sin contar los que está pidiendo la Justicia Militar). Cabe consignar que recientemente el cabo de carabineros Walter Rodríguez, responsable del asesinato del weichafe Matías Catrileo, en la zona de Vilcún en enero de 2008, fue condenado por la Corte Marcial a 3 años y un día de prisión. No obstante, este mismo tribunal dispuso concederle al asesino el beneficio de la libertad vigilada. Irregularidades y discriminación son la constante en los proceso que se siguen contra los mapuche encarcelados.

Por último, las comunidades mapuche enfrentan una ofensiva mediática. La mayoría de los grandes medios de comunicación del país, controlados por los mismos grupos económicos que depredan los recursos de la zona sur, no sólo han tendido un cerco de silencio en torno a las reivindicaciones de las comunidades en conflicto y a la larga huelga de hambre de los presos políticos mapuche; también han distorsionado groseramente el fondo y la forma de las movilizaciones y acciones de protesta que los mapuche han desplegado. La verdad irrefutable es que la violencia en la Araucanía ha sido protagonizada, fundamentalmente, por los aparatos de seguridad del Estado, mientras que las comunidades agredidas sólo han hecho uso (por lo demás con recursos operativos muy precarios), de su legítimo derecho a la autodefensa.

Convencidos de la necesidad de detener el accionar represivo del Estado en el sur de Chile y reconociendo el legítimo derecho de los pueblo originarios a la restitución de sus tierras usurpadas y a su autonomía social y política, los abajo firmantes convocamos a los historiadores, profesores de Historia y estudiantes de Historia, a manifestar públicamente estas denuncias el próximo martes 7 de septiembre, a las 12.00 horas en el frontis del Archivo Nacional.

Santiago, 1 de septiembre de 2010.

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LISTA DE FIRMANTES AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2010
(actualizada)

Sergio Grez Toso, Universidad de Chile.

Igor Goicovic Donoso, Director Magíster de Historia Universidad de Santiago de Chile.

Josep Fontana, catedrático emérito de la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Catalunya.

Jorge Pinto Rodríguez,  Universidad de la Frontera, Temuco.

Florencia E. Mallon, University of Wisconsin, Estados Unidos.

Julio Pinto Vallejos, Director Departamento de Historia, Universidad de Santiago de Chile.

Sergio Caniuqueo Huircapan, Comunidad de Historiadores Mapuche.

Mario Garcés Durán, Universidad Santiago de Chile, Director ECO Comunicaciones.

Verónica Valdivia,  Universidad Diego Portales.

Alberto Díaz Araya, Jefe Carrera de Historia y Geografía Universidad de Tarapacá, Arica.

Nelson Castro Flores, Jefe Carrera de Pedagogía y Licenciatura en Historia y Ciencias Sociales Universidad de Viña del Mar y  profesor de la Universidad de Valparaíso.

Alexis Meza Sánchez, Vicerrector Académico Universidad

ARCIS.

Claudio Barrientos, Director Escuela de Historia Universidad Diego Portales.

Luis Castro C., Director Carrera de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales Universidad de Valparaíso.

Beatriz Areyuna Ibarra, Jefa Carrera Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Pedro Rosas Aravena, Director Escuela de Historia y Ciencias Sociales, Universidad ARCIS.

Rodrigo Ruz Zagal, Jefe Archivo Histórico Vicente Dagnino, Universidad de Tarapacá, Arica.

Patrick Puigmal, Director del Programa de Estudios y Documentación en Ciencias Humanas (PEDCH) de la Universidad de Los Lagos, Osorno.

Carlos Gutiérrez P., Director Centro de Estudios Estratégicos.

Carlos Molina Bustos, responsable de la investigación histórica de la Unidad de Patrimonio Cultural del Ministerio de Salud, Chile.

Margarita Iglesias Saldaña, Directora de Relaciones Internacionales Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile.

Sergio Guerra Vilaboy, Presidente de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe (ADHILAC) y profesor de la Universidad de La Habana.

Juan Guillermo Muñoz Correa, Universidad de Santiago de Chile.

Pedro Bravo Elizondo, Wichita State University, Kansas, Estados Unidos.

Ramiro Molina Cedeño. Miembro de la Academia Nacional de Historia del Ecuador.

Francisco Peña Torres, Université Paris I, Panthéon- Sorbonne,

Francia.

Carlos Contreras Painemal, Frei Universitaat, Berlín, Alemania.

Jorge Magasich, Institut des Hautes Études des Communications Sociales, Bruselas, Bélgica.

José del Pozo, Université de Québec à Montreal, Canadá.

Augusto Samaniego Mesías, Universidad de Santiago de Chile.

Pablo Artaza Barrios,  Universidad de Chile.

Pablo Aravena Núñez, Universidad de Valparaíso.

María Olga Ruiz Cabello, Universidad de Chile.

Claudia Zapata, Universidad de Chile.

Marcela A. E. Cubillos Poblete, Universidad de La Serena.

Miguel Urrutia,  Universidad de Chile.

Patricio Rivera Olguín, Universidad Arturo Prat, Iquique.

Rodrigo Sánchez Edmonson, Universidad de Chile.

Enrique Fernández Darraz,  Universidad Alberto Hurtado.

Jaime Massardo,  Universidad de Valparaíso.

César Leyton Robinson, Universidad de Chile.

Ángela Vergara Marshall, California State University, Los Angeles, Estados Unidos.

Carlos Ruiz Rodríguez, Universidad de Santiago de Chile.

Robert Austin, University of Melbourne, Australia.

Ernesto Bohoslavsky, Universidad Nacional de General Sarmiento/CONICET, Argentina.

César Cerda Albarracín, Universidad Tecnológica Metropolitana.

Luis Corvalán Márquez,  Universidad de Valparaíso.

Susana Bandieri,  Universidad Nacional del Comahue/ CONICET, Neuquén, Argentina.

Daniel Palma,  Universidad ARCIS.

Luis Galdames Rosas, Universidad de Tarapacá, Arica.

José Miguel Castillo Mora, historiador y concejal de Yecla

(Murcia) España.

Fabio Moraga Valle, Universidad Autónoma de México,

México.

Ernesto Bohoslavsky, Universidad Nacional de General Sarmiento/CONICET, Argentina.

Andrea Riedemann Fuentes, Universidad Libre de Berlín, Alemania.

Alberto Harambour Ross,  Universidad Diego Portales.

Leonardo León Solís, Universidad de Chile.

Alfredo Lastra Norambuena,  Universidad Arturo Prat,

Santiago.

Nicolás Iñigo Carrera, Universidad de Buenos Aires.

Rolando Álvarez,  Universidad de Santiago de Chile y

Universidad ARCIS.

Iván Ljubetic Vargas, Centro de Extensión Luis Emilio

Recabarren.

Jody Pavilack, University of Montana, Estados Unidos.

Carlos Mondaca Rojas, Universidad de Tarapacá, Arica.

Pedro Canales Tapia,  Universidad Pedro de Valdivia, La

Serena.

María Eugenia Albornoz, Université de Lille III, Francia.

Claudio Pérez Silva, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Francis Goicovich, Universidad de Chile.

César Cerda Albarracín, Universidad Tecnológica Metropolitana.

Milton Godoy Orellana,  Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Marcelo Mella, Universidad de Santiago de Chile.

Manuel Fernández Gaete, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Sean Purdy, Universidade São Paulo, Brasil.

Yvette Lozoya López,  Universidad de Santiago de Chile.

Maria Paula Nascimento Araujo, Universidade Federal do Rio do Janeiro, Brasil.

Horacio Tarcus, Universidad Nacional de San Martín, Argentina.

Eliana Ceriani Bórquez, Universidad de Valparaíso.

Eduardo Arias Nilo, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.

Mário Maestri,  Universidade de Passo Fundo,  Rio Grande do Sul, Brasil.

Franck Gaudichaud, Université Stendhal – Grenoble 3, Francia.

Juan Carlos Gómez Leyton, Director del PROSPAL, Universidad ARCIS.

Claudio Díaz Pérez, Universidad de Valparaíso.

Salvador E. Morales Pérez, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México.

Robson Laverdi, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Brasil.

Geni Rosa Duarte, acadêmica Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Brasil.

Dina V. Picotti C., Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina.

Karen Alfaro Monsalve, Universidad Austral de Chile.

Viviana Gallardo P., Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Jorge Cernadas, Universidad de Buenos Aires y Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina.

Marcos Fábio Freire Montysuma, Universidade Federal de Santa Catarina/Brrasil, Tesorero de la Associação Brasileira de Historia Oral, Brasil.

Steven S. Volk, Professor of History Oberlin College, Oberlin, Ohaio, Estados Unidos.

Cristina Moyano Barahona, Universidad de Santiago de Chile.

Sean Purdy, Universidade de São Paulo, Brasil.

Fanny Barrientos Cruzatt, Universidad de Tarapacá.

María Graciela León Matamoros, Universidad Jaume I Castellón, España.

Eduardo Arias Nilo, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.

Margaret Power, Illinois Institute of Technology, Chicago, Estados Unidos.

Ariel Arnal, Academia de Historia de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México.

Miguel Valderrama, Universidad ARCIS.

Guadalupe Álvarez de Araya, Universidad de Chile.

Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) “Justo Arosemena”, Panamá.

Wilda Celia Western, Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Carmen González Martínez, Profesora Titular de Historia, Universidad de Murcia, España.

Marisol Videla, Universidad ARCIS.

Gabriela Domecq, Universidad Nacional de General Sarmiento. Argentina.

Maximiliano Juan Pedrazzini, Universidad Nacional de Misiones. Argentina.

Lorena del Canto Flores, Universidad Bolivariana, sede Iquique.

Consuelo Figueroa, Universidad Diego Portales.

Danny Ahumada Vargas, Universidad de Santiago de Chile.

José Luis Cifuentes Toledo, profesor de Historia, Taller de Ciencias Sociales Luis Vitale Cometa, Concepción.

Walter Delrio, Universidad Nacional de Rosario/CONICET, Argentina.

Myriam Olguín Tenorio, Universidad Cardenal Silva Henríquez y ECO Comunicaciones.

Marcos Fernández Labbé, Universidad Alberto Hurtado.

María Cristina Satlari, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina.

Germán Adolfo Morong Reyes, Doctor © en Estudios Americanos, Universidad de Santiago de Chile.

Paola A. Ligasacchi, Doctora © en Estudios Americanos, Universidad de Santiago de Chile.

Emilio Gonzalez, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Brasil.

Mónica Gatica, Universidad Nacional de la Patagonia, sede Trelew, Argentina.

Marcos Fábio Freire Montysuma,  CFH / Universidade Federale Santa Catarina, Brasil.

Rubén Isidoro Kotler, Universidad Nacional de Tucumán – Asociación de Historia Oral de la República Argentina.

Ana T. Fanchin, Universidad Nacional de San Juan, Argentina.

Marcela Morales Llaña, Doctora © en Estudios Americanos, Universidad de Santiago de Chile.

Valeria Sonia Wainer, Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina.

Lucía Valencia, Universidad de Santiago de Chile.

Robson Laverdi, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Brasil.

Cristina Viano, Universidad Nacional de Rosario, Argentina.

Gustavo Bassin, Instituto Superior de Formación Docente 9-001 “Gral. San Martin”. Mendoza. Argentina.

Carolina Andaur, Dra. © El Colegio de México, México.

Robinson Silva Hidalgo, Doctor © en Historia, Universitat de Barcelona, Catalunya.

Ricardo López, Doctor © de Estudios Latinoamericanos Universidad de Chile.

Carlos Vivallos Espinoza. Doctor © Estudios Latinoamericanos, Universidad de Chile.

Claudia Rojas Mira, Doctora © en Estudios Americanos, Universidad de Santiago de Chile.

Sandra Castillo Soto, Magíster © en Historia, Universidad de Santiago de Chile.

Francisca Giner Mellado, Magíster © en Estudios Latinoamericanos, Universidad de Chile.

Isidora Sáez Rosenkranz, Magíster © en Estudios Latinoamericanos, Universidad de Chile.

Claudia Videla Sotomayor, Magister © en Historia, Universidad de Chile.

Andrea Mella Azabache, Magister © en Historia, Universidad de Chile.

Everaldo de Oliveira Andrade, Universidade Guarulhos – São Paulo, Brasil.

Alondra Peirano Iglesias, profesora ayudante del Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos (CEIU), Universidad de la República, Montevideo, Uruguay.

Federico Iglesias, Becario de Docencia de la materia Historia del pensamiento latinoamericano y argentino, Instituto del Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina.

Alejandro Brito Peña, Universidad de Concepción.

Carolina González Undurraga, Universidad de Chile.

Renato Hamel Alonso, Corporación Chilena de Estudios Históricos.

Fernanda Del Río Ortiz, Corporación Chilena de Estudios Históricos.

Julián Suzarte Gálvez, Corporación Chilena de Estudios Históricos.

Enrique Riobó Pezoa, Corporación Chilena de Estudios Históricos.

Nicolás Sazo Arratia, Corporación Chilena de Estudios Históricos.

Gonzalo Aravena Hermosilla, Corporación Chilena de Estudios Históricos.

Nicolás Penna Vizcaya, Corporación Chilena de Estudios Históricos.

Cinthia Vargas Leiva, Corporación Chilena de Estudios Históricos.

Carlos Rojas Sancristoful, Corporación Chilena de Estudios Históricos.

Soledad Álamos Fuenzalida, Corporación Chilena de Estudios Históricos.

Sebastián Rico Díaz, Corporación Chilena de Estudios Históricos.

Elena Romero Pérez, Corporación Chilena de Estudios Históricos.

Andrés Rojas Böttner, Corporación Chilena de Estudios Históricos.

Juan Maureira Moreno, Corporación Chilena de Estudios Históricos.

Sebastián Leiva Flores, Universidad ARCIS  y Universidad de Santiago de Chile

Alberto J. Guillón Abao, Universidad de Cádiz, España.

Carolina González Undurraga, Universidad de Chile.

Michael Reynolds, Universidad de Chile.

Carolina Figueroa Cerna, Universidad de Valparaíso.

Claudio Robles Ortiz, Universidad Austral, Valdivia.

Clara E. Lida, Centro de Estudios Históricos, El Colegio de México, México.

Raul Fradkin, Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Jorge Rivas Medina, Universidad ARCIS y Universidad Alberto Hurtado.

Richard Roman, University of Toronto, Canadá.

Pablo Yankelevich, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México.

Elsa Rodríguez, Universidad Nacional Autónoma de México, México.

Jorge Gelman, Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Ximena Valdés Subercaseaux, CEDEM, Universidad de Chile y Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Horacio Gutiérrez, Universidade de São Paulo, Brasil.

Manuel Ortiz Heras, director del Seminario de Estudios de Franquismo y Transición, de la Universidad de Castilla La Mancha, España.

María Cristina Satlari, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina.

Jorge Benítez, Universidad ARCIS.

Alex Giovanni Díaz, Taller de Ciencias Sociales Luis Vitale Cometa, Concepción.

Ricardo Vargas Morales, Taller de Ciencias Sociales Luis Vitale Cometa, Concepción.

Mario Valdés Vera, Taller de Ciencias Sociales Luis Vitale Cometa, Concepción.

Alex Díaz Villouta, Taller de Ciencias Sociales Luis Vitale Cometa, Concepción.

Fernando Calderón Valenzuela, Universitàt Jaume I de Castellò, España.

                          

Por Juan René Maureira M.

Hace un tiempo atrás, a propósito de la columna de opinión de Veremundo Carrillo-Reveles,  un visitante comentaba: “…así como no todos están involucrados en casos de derechos humanos, tampoco todos los detenidos desaparecidos están realmente desaparecidos.”[1]

En efecto, de más de mil detenidos desaparecidos oficialmente reconocidos por el Estado de Chile se han logrado identificar poco más de un centenar de ellos a partir de restos óseos encontrados en diversos lugares del país que fueron testigos de horrendos e injustos asesinatos. Esos hallazgos se realizaron gracias a los esfuerzos sostenidos de sus familiares y de juristas chilenos que comprendieron la importancia de resolver estos crímenes para forjar un país democrático. Afortunadamente, aquellos encontrados ya no están desaparecidos.

No obstante lo anterior, el año 2006 el Estado Chileno debió reconocer que, de aquellos encontrados e identificados en torno al caso “Patio 29”, se habían cometidos graves errores en identificaciones en 86 casos, con lo cual nuevamente volvían a desaparecer, duplicando los crueles efectos de este crimen en las familias afectadas.

En tribunales, para sortear los efectos de una ilegítima ley de amnistía que una democracia de veinte años no ha podido derogar y que fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos,[2] los abogados chilenos han tenido que utilizar la figura de secuestro permanente para tipificar el crimen de la desaparición forzada, ya que su propia tipificación incluida en la convención internacional respectiva[3] se encuentra recién en proceso de ratificación e incorporación[4]. En estos casos, aun cuando la figura jurídica sea distinta, hay detenidos desaparecidos.

Menos de una decena de casi mil doscientos casos corresponde a personas que –aprovechándose de las circunstancias y a raíz de falsas declaraciones frente a la Comisión Rettig- fueron erróneamente calificadas como detenidas desaparecidas. Casos que fueron debidamente investigados y condenados por el Estado y las organizaciones de Derechos Humanos. Ninguna persona que pretenda emitir una opinión o realizar un análisis serio y éticamente centrado, podría generalizar a partir de estos casos puntuales.

Pero todo esto no responde al fondo del asunto, pues la desaparición forzada es un crimen que trasciende la mera cuantificación de casos. La gravedad del asunto está en que no es moralmente aceptable siquiera la existencia de un detenido desaparecido, como tampoco es aceptable la permanencia impune de alguno de sus  perpetradores.

Características y efectos

La desaparición forzada no es un simple intento de “esconder” el crimen por parte de los implicados, la gravedad reside en su propia elaboración intelectual, en la ejecución misma y, finalmente, en los efectos posteriores que se desarrollan tanto en el entorno familiar como social de las víctimas, todo ello con objetivos claros: generar y difundir el terror, destruir el entramado comunitario y paralizar políticamente a una sociedad, objetivos que se observan en cada una de las formas de “Terrorismo de Estado”, como lo fueron también la tortura y las ejecuciones. El conjunto de estos aspectos es lo que lo convierte en un crimen de lesa humanidad, y en un problema social e histórico.

La Convención Internacional para la Protección de Todas las personas contra la Desaparición Forzada, define este tipo de delito de lesa humanidad como: “…el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.”[5]

En relación a lo anterior, cabe destacar dos elementos importantes: En primer lugar, la desaparición forzada es un delito ejercido por el Estado a través de sus agentes en forma directa o indirecta, por ello es que constituye una grave violación a los Derechos Humanos y es considerado un crimen de lesa humanidad; esto es, que atañe a toda la comunidad internacional y no puede ser tratado como un delito común. En segundo lugar, que la negativa a reconocer dicha privación y el ocultamiento de la verdad sobre lo ocurrido genera profundos efectos en el entorno de los afectados.

Esta situación afecta a las víctimas de múltiples formas: la detención arbitraria y generalmente muy violenta; el asesinato de las personas detenidas, su reclusión o apropiación; la negativa a reconocer la detención y/o entrega de información por parte del Estado; amenaza y amedrentamiento sobre el entorno familiar y social del afectado; la búsqueda que realizan sus familiares con la esperanza de encontrarlos con vida; cambios forzados en los proyectos personales y familiares; aislamiento pasivo y activo del entorno, efectos en la salud física y mental de las personas, consecuencias transgeneracionales, entre otras. La imposibilidad de resolver la situación a raíz de la incertidumbre provocada intencionalmente contribuye a mantener en el tiempo los efectos psicosociales de esta situación: “El detenido desaparecido ha sido y es para su familia alguien que está vivo contra toda esperanza y a la vez, alguien que probablemente está muerto”[6]. Este aspecto pasa a ser fundamental, manteniendo la incertidumbre a través del tiempo, creando en los afectados escenarios de inseguridad y desconfianza.

De todo lo anterior, el elemento que cruza transversalmente estas experiencias es el miedo, que se socializa concéntricamente hacia el entorno social: “El miedo puso en evidencia la vinculación entre violencia y muerte que irrumpió en la vida cotidiana de la sociedad chilena, alterando profundamente las relaciones sociales.”[7] Esta alteración de las relaciones sociales es un efecto directo de una situación de violencia cotidiana en un contexto político adverso: “…se refieren a un proceso donde, si bien se puede identificar un medio traumatizante implementado desde el orden político, ésta ya ha permeado y se ha instalado en las relaciones sociales. Así, las consecuencias de ser parte protagónica de tal medio no tendrían un carácter estático, sino que serían los procesos relacionales mismos que estarían dañados.”[8] La ruptura que se produce en los procesos relacionales desde su causa a su efecto configura una dinámica propia que adquiere sentido dentro de un proceso histórico. Por ello es que los efectos no se modificaron necesariamente o automáticamente al modificarse el contexto político y social en el que se originaron (dictaduras, por ejemplo), pues han dejando secuelas permanentes en las personas afectadas pero también en la sociedad completa.

Panorama mundial

La desaparición forzada de personas ha sido una práctica habitual de los Estados durante el siglo XX desde su utilización a gran escala en la Alemania Nazi o en menor grado en la España franquista, e incluso anteriormente como ocurrió en Armenia en 1915.[9] En América Latina constituyó una práctica recurrente de las dictaduras militares, sostenidas en gran medida por la motivación de Estados Unidos por sus intereses económicos, como por un extremo y desproporcionado combate al comunismo (o todo lo que pudiese mínimamente asociarse a ello) en el marco de la Guerra Fría.[10] Los militares que dirigieron esos gobiernos y aquellas crueles operaciones fueron adoctrinados en la “Escuela de las Américas”, que continúa formando oficiales de América Latina bajo el nuevo nombre (en un intento de limpiar su imagen) de “Western Hemisphere Institute for Security Cooperation”.[11] En África, la desaparición forzada fue utilizada en países como Argelia, Marruecos, Sudáfrica, el Congo, entre otros, con miles de casos que hasta la actualidad continúan sin respuesta. Así mismo en el continente asiático, en Irak o la República de China, por mencionar sólo algunos.[12]

En América del Sur, esta práctica fue común especialmente en Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y Perú, aunque destacan los casos de Argentina y Chile tanto por la intensidad de su aplicación como mecanismo de Terrorismo de Estado, por la cantidad de víctimas resultantes de estas prácticas y por la trascendencia histórica de los efectos provocados en miles de familias. En Argentina, la desaparición forzada de personas alcanza niveles increíbles durante la más reciente dictadura (1976-1983), lanzando a miles de personas vivas al mar o haciendo desaparecer a niños y recién nacidos, que fueron apropiados o vendidos con otras identidades incluso fuera del país. Las Abuelas de Plaza de Mayo han logrado ubicar a más de ochenta de esos bebés, hoy jóvenes, quienes han sido restituidos con sus verdaderas identidades.[13] Frente a la realidad latinoamericana existe una multitud de organizaciones que ha registrado caso por caso para luchar por establecer la verdad sobre el paradero de las víctimas y conseguir que los Estados juzguen a los culpables de estas atrocidades; estas organizaciones, a su vez, han visto que el problema cruza las fronteras y, por lo tanto, han formado redes regionales e internacionales de colaboración y coordinación. Un ejemplo de ello es la FEDEFAM, la Federación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de América Latina.[14]

En la actualidad, el crimen de la Desaparición Forzada de personas continúa siendo una práctica utilizada en Colombia[15] en el marco de la “Guerra contra el Narcotráfico”, donde se han registrado denuncias de cientos de casos, o bien en Honduras dónde también se han recibido denuncias de desapariciones tras el Golpe de Estado contra el Presidente Zelaya en el año 2009. Por último, en Irak y Afganistán (y otros países del mundo) la “Guerra contra el Terrorismo” de Estados Unidos también ha provocado desapariciones forzadas de personas que, fuera de cualquier marco regulatorio internacional, han sido arbitrariamente secuestradas en sus países y han sido llevadas a cárceles como Guantánamo, donde se han denunciado prácticas de tortura y tratos crueles e inhumanos a detenidos que ni siquiera han tenido la oportunidad de enfrentar un juicio justo y transparente.[16]

De esta manera, nótese que la desaparición forzada ha sido una práctica habitual de las “guerras contra conceptos” (Comunismo, Terrorismo, Subversión, Narcotráfico, etc.) en las cuales finalmente son civiles inocentes los que pagan el precio de la violencia en su máxima expresión, motivada por intereses económicos y políticos que atraviesan los límites de la ética y el respeto al ser humano. Las grandes potencias como Estados Unidos y China continúan haciendo oídos sordos a la legislación internacional y las resoluciones de la ONU que exigen terminar con estas prácticas.

No obstante lo anterior, cabe recordar que el problema de la desaparición forzada no está únicamente en la ejecución del delito, sino en sus efectos que permanecen a lo largo del tiempo, los cuales a menudo suelen provocar nuevas violaciones a los derechos humanos contra quienes luchan por buscar la verdad y la justicia frente a estos crímenes. A propósito de esto, hace pocos días en Argelia ocurrió un ejemplo claro, donde familiares de detenidos desaparecidos de ese país fueron violentamente reprimidos en una manifestación pacífica en la vía pública.[17]

Reflexiones finales

He tratado de explicar las repercusiones y la gravedad de la desaparición forzada, precisamente para dimensionar la magnitud que representa este problema, especialmente para responder a las habituales relativizaciones, o naturalizaciones de una realidad inaceptable. Sin duda, el miedo y el terror que este tipo de crímenes impregnan a la sociedad hacen imprescindible que sea enfrentado a través de todos los medios institucionales, académicos, culturales y sociales; de otro modo, no es posible desarrollar una sociedad democrática plena, sin la violencia que ejerce en las personas el miedo a nuestro propio Estado.

En esa línea, quienes trabajan en las ciencias sociales no están exentos de poder realizar aportes en esta materia (en Historia falta bastante). Pero más allá de involucrarse o no en la investigación o trabajo con estos temas, es importante establecer y ejercer un compromiso profesional firme y profundo con los Derechos Humanos y con la protección de las personas contra este tipo de situaciones. Las violaciones a los derechos humanos que ocurren hoy, como la violencia contra los Mapuches o las desigualdades sociales, no pueden ser desoídas sin preguntarnos de alguna manera cómo, desde nuestra profesión, oficio o actividades cotidianas, podemos colaborar para enfrentar estas realidades.

[1] Ver comentario nº1 en: http://www.estudioshistoricos.cl/blog/en-nombre-del-padre-del-hijo-y-del-bicentenario/

[2] Resolución 34/96 de la Comisión Interamericana de DDHH de la OEA. http://www.derechos.org/nizkor/chile/fasic/cidh1.html

[3] Texto completo de la convención en: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidad para Derechos Humanos: http://www2.ohchr.org/spanish/law/disappearance-convention.htm

[4] Estado actual de los instrumentos internacionales ratificados por Chile: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/newhvstatusbycountry?OpenView&Start=1&Count=250&Expand=35#35

[5] Convención Internacional para la protección de las personas contra la Desaparición Forzada. Art. 2º

[6] Lira, Elizabeth.  “La vida como sobreviviente. Las secuelas de la dictadura en sus víctimas”. En: Sagredo Baeza, Sergio y Gazmuri, Cristian. Historia de la vida privada de Chile. Taurus. Santiago de Chile, 2005. p. 376.

[7] Ibíd.

[8] Conceptualizaciones de trauma de Martín Baró. Citado en: Piper, Isabel. “Introducción Teórica: Reflexiones sobre la Violencia y el Poder” En: Castillo, Maria Isabel y Piper, Isabel. Voces y Ecos de Violencia. Ediciones Chile América CESOC. Santiago de Chile, 1998.. p.35

[9] Ver: http://www.genocidioarmenio.org

[10] Suárez, Luis. Un siglo de terror en América Latina: una crónica de crímenes contra la humanidad. Ocean Press. 1st ed. New York, 2006.

[11] Gill, Leslie. Escuela de las Américas. Entrenamiento militar, violencia política e impunidad en las Américas. Editorial LOM. Santiago de Chile, 2005. Ver también: School Of Americas Watch: http://www.soaw.org/; y http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_del_Hemisferio_Occidental_para_la_Cooperación_en_Seguridad

[12] Para información general sobre casos de Desaparición Forzada en el mundo, es posible consultar los informes del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos:  http://www2.ohchr.org/english/issues/disappear/annual.htm

[13] Mayor información ver: www.abuelas.org.ar

[14] Información sobre FEDEFAM: http://www.desaparecidos.org/fedefam/ ; En Argentina: www.madres.org ; www.madresfundadoras.org.ar ; en Chile: www.afdd.cl ; www.memorialpaine.org; en Brasil: desaparecidospoliticos.org.br ; en Perú: www.aprodeh.org.pe .

[15] El caso colombiano muestra un escenario de especial complejidad ya que se trata de un conflicto en desarrollo. http://www.movimientodevictimas.org/

[16] El lector puede informarse de estos casos a través de Amnistía Internacional y sus informes anuales en www.amnesty.org o www.amnistía.cl

[17] Recomiendo enfáticamente leer un artículo reciente de Mariana Eva Pérez: Pérez, Mariana Eva. “El idioma de las madres”. Página 12. Sección Internacional. Buenos Aires, 27 de Agosto de 2010. http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-5936-2010-08-28.html. (1 de septiembre de 2010)

“La opinión contenida en este texto es de exclusiva responsabilidad de su autor”

                          

Por Sergio Grez T. [1]

La  huelga  de  hambre  iniciada  el  12  de  julio  por  los  presos  políticos  mapuches  de  las cárceles  de  Concepción  y  Temuco,  a  la  que  se  sumaron  en  pocos  días  otros  pu  weichafe (guerreros)  recluidos  en  los  presidios  de  Angol,  Lebu  y  Valdivia,  hasta  totalizar  más  de  una treintena  de hombres  resueltos  a los más grandes  sacrificios  por lograr  su libertad  y la de su pueblo, ha puesto a prueba a todos los sectores sociales y políticos de Chile.

Aunque no es extraño que para el gobierno, los principales medios de comunicación,  el gran empresariado, los partidos sistémicos y los aparatos de Estado, esta huelga constituya un “no acontecimiento”  y por ende sea silenciada (¡el propio Ministro de Justicia declaró al cabo de un mes no saber nada al respecto!), resulta vergonzosa la indiferencia  de gran parte de la opinión pública nacional, de muchas organizaciones sociales, de gente de izquierda y de intelectuales que normalmente aparecen asociados a la defensa de los Derechos Humanos. Si bien es cierto que el cerco   mediático   tendido   por   los   consorcios   que   controlan   los   medios   de   información, especialmente la TV y la prensa escrita de tiraje nacional, ha creado una cortina de silencio y de invisibilidad en torno a la cruel realidad sufrida por el pueblo mapuche y sus más decididos luchadores, esto no excusa el mutismo de quienes por historia, tradiciones, declaraciones de principios y representatividad social, deberían hacer oír sus voces de manera potente. Ello no ha ocurrido. Solo los medios de información  “alternativos”,  dos o tres radioemisoras  de cobertura nacional, un grupo minúsculo de parlamentarios,  unas cuantas organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, además de numerosos colectivos políticos y sociopolíticos de la vasta franja (especialmente juvenil) no representada en la institucionalidad política, y un puñado de personas de buena voluntad, han sido las excepciones  que han salvado un poco el honor y dignidad del anestesiado pueblo chileno.

Mucha  gente  en  la  izquierda,  la  intelectualidad  progresista  y  en  el  mundo  asociativo popular ha callado o se ha limitado a declaraciones rituales sin desplegar sus fuerzas, capacidades e influencias  para detener la acción represora del Estado chileno contra este pueblo originario. Parece que no se entiende que las reivindicaciones levantadas por los presos políticos mapuches – no aplicación de la Ley Antiterrorista en las luchas sociales, desmilitarización de la Araucanía, no al doble juzgamiento (justicia civil y justicia militar) por los mismos hechos constitutivos de presuntos delitos, inhabilitación  de los “testigos sin rostro” pagados por las fiscalías para incriminar  a los acusados,   garantías   de  justo   proceso,   término   de  las  abusivas   prácticas   de  “detenciones preventivas” que permiten a los fiscales mantener discrecionalmente encarcelados durante años a un acusado aunque no haya sido pronunciada una condena en su contra, entre otras- conciernen a todos los habitantes de la República de Chile. Numerosas personas no logran advertir que la lucha mapuche  trasciende  los  intereses  específicos   de  ese  pueblo-nación   ya  que  la  defensa  del  medioambiente, de los Derechos Humanos y de las libertades democráticas son causas universales que deben  ser abrazadas  en toda  circunstancia  y lugar.  En realidad,  lo que  estos  sectores  no alcanzan  a  percibir,  es  que  la  lucha  mapuche  por  la  recuperación  de  sus  tierras  ancestrales usurpadas bajo el amparo de la ley y de la fuerza del Estado de Chile, es parte de las causas de la humanidad progresista por salvar al planeta, a la especie humana y a las demás especies de una destrucción segura si no se detienen y revierten las consecuencias de un modelo económico productivista y depredador de los recursos naturales y humanos. Enfrascados en sus particulares problemas sectoriales o gremiales, con sus organizaciones sociales destruidas, atomizadas o debilitadas por la implementación implacable del modelo neoliberal durante varias décadas consecutivas,  desinformados  sistemáticamente  por  los  medios  de  comunicación  de  masas  y sufriendo una anomia de representación política sin par desde hace más de un siglo, los sectores populares chilenos -salvo muy contadas y honrosas excepciones- han manifestado una indiferencia atroz ante el drama que desangra a uno de los pueblos matrices de su propia existencia. ¿Por qué razones  quienes  dicen  ser  sus  portavoces  y  representantes  no  impulsan  la  movilización,  por ejemplo, contra la Ley Antiterrorista  heredada de la dictadura  y aplicada profusamente  por los gobiernos de la Concertación y el actual gobierno? ¿Esta apatía y quietismo se explica solo por el clima generalizado de despolitización que afecta a la sociedad chilena o es también el resultado, cuando se trata de la “cuestión mapuche”, de cierta dosis de inconfesado e inconfesable racismo?

Entretanto, las comunidades indígenas “en conflicto” han continuado sus movilizaciones y la huelga de hambre de los presos políticos mapuches ha entrado en una fase en que la vida de esos pu weichafe corre serio peligro. Para ello solo han contado con sus propias fuerzas y la ayuda de los pocos chilenos que han apoyado –por solidaridad, conciencia y dignidad- la causa mapuche. Estos chilenos dignos también lo han hecho porque saben que, como certeramente señalaba un gran pensador  revolucionario  del siglo XIX, “un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre”.  El  recorte  a  las  libertades  individuales  y  a  los  derechos  sociales;  las  desmesuradas  e indebidas  facultades  de la Justicia  militar;  la acción  abusiva  de fiscales  todopoderosos  que  no trepidan  en  recurrir  a montajes  y pagar  testigos  para  “probar”  sus  acusaciones,  que  prohíjan torturas y tratos vejatorios, que extienden –a la manera del fiscal Ljubetic- su delirio persecutorio en contra  de los familiares  y amigos  de los acusados,  que ponen  cortapisas  al derecho  a una adecuada defensa, y que encabezan campañas mediáticas para crear un ambiente propicio para que la opinión pública acepte condenas de hasta más de un siglo de presidio por supuestos delitos en los que no se produjeron víctimas fatales, son amenazas contra los derechos democráticos, que el pueblo chileno tarde o temprano experimentará en carne propia. Es de esperar que el efecto adormecedor  del  modelo  neoliberal  y del  “pensamiento  único”  que impera  desde  hace  varias décadas en la República de Chile se disipe antes de que sea demasiado tarde.

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[1] Académico Universidad de Chile. Doctor en Historia, École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris.
El autor autoriza la difusión de este texto por todo tipo de medios

“La opinión contenida en este texto es de exclusiva responsabilidad de su autor”

                          

Por Gonzalo Aravena Hermosilla.

Enfrentarse a los Bicentenarios es un tema complejo historiográficamente hablando. Más que nunca, la utilización de la historia parece ser una tónica en los discursos políticos y en los medios de comunicación masiva. Se conmemoran las independencias, se articulan discursos en torno a ellas y se mantiene el mito de la emancipación nacional; a saber, aquel que entiende dicho proceso como consecuencia de una suerte de toma de conciencia latinoamericana de que en la región existían naciones previas a la época republicana y que son ellas las que despiertan a una vida independiente hace 200 años atrás.

Sin embargo, dicha interpretación ha quedado bastante refutada por una historiografía que desde la década de los setenta y ochenta -fundamentalmente- ha comenzado a  relacionar los procesos de independencias, y surgimiento de las naciones latinoamericanas, con el tránsito de las sociedades hacia la modernidad; destacando entre ella la obra de Francois Xavier Guerra[1]. La idea de la independencia como consecuencia de una toma de conciencia  nacional fue refutada al condicionar la manera de entender la nación moderna. Esta fue desmantelada, asediada e interpelada, llegando a concluir que tiene un carácter ficticio, normalizado y propio de una época determinada, con lo cual se echaba por tierra la idea de la existencia -como nación- de Chile, Perú o Argentina, previo a sus procesos de creación como Estados republicanos.

Para el caso chileno, Mario Góngora fue certero en aseverar que fue el Estado quien creó la nación chilena y que previo a la independencia la noción de Chile Nacional no existía como tal[2]. No es necesario ir más lejos para encontrar fuentes –ahora del periodo- que sustenten la afirmación de Góngora. El proyecto de Ramón Freire[3] de 1824 que busca nacionalizar la voz patria y cambiarla por la de Chile para no seguir confundiéndose con la diversidad de patrias a las que se aludía en la época, donde en un Estado podían haber cientos de patrias; o las proclamas de O’Higgins para que el pueblo dejase de llamarse español, criollo, indio o mestizo y simplemente pasase a llamarse chileno, no son sino claras muestras de un proceso de construcción de un discurso de lo nacional, de una concientización de un proceso que no es natural, que no es por orden esencial ni divina que se tiene nación chilena, sino que por un proceso histórico que llevó a la construcción de los Estados nacionales modernos.

Pero a más de 30 años de esta ruptura interpretativa, lamentablemente sigue primando y rellenando programas de televisión y material de difusión masiva la clásica interpretación decimonónica  (compartida incluso por reconocidos autores del siglo XX, como John Lynch[4]) de que las independencias fueron luchas motivada por causas nacionales, desconociendo todo el carácter –inclusive accidental- que llevó a separar o unir a las regiones de Guayaquil y Quito, Maracaibo y Caracas, la Costa Caribe y la Costa Grande, Lima y Arequipa, Buenos Aires y Montevideo, Charcas y La paz, Cartagena y Bogotá o, para nuestro caso, -por poner un sólo ejemplo- Santiago y Chiloé.

Es según dicha interpretación que tocaría conmemorar, dentro de pocas semanas, 200 años de la supuesta emancipación nacional, otorgando a la existencia de la nación antecedentes remotos, naturales y esenciales.

Como ejemplo de lo anterior, la página del Gobierno de Chile creada por la Comisión Asesora Presidencial para el Bicentenario de la República, durante la presidencia de Ricardo Lagos, mediante el Decreto Supremo N° 176 de 16 de octubre de 2000, entiende las conmemoraciones que vivimos y viviremos de la siguiente forma:

“El 18 de septiembre de 2010 Chile celebrará 200 años de vida republicana. Esta fecha conmemora un hito emblemático en nuestra historia: el inicio del proceso que nos llevaría a ser una nación independiente”.

Esta cita redunda en lo ya señalado. De ella podemos inferir que Chile Nacional tiene 200 años de vida republicana y que la nación chilena existió previo a esta época, ya que el inicio del proceso que nos llevaría a ser una nación independiente supone la existencia previa de una nación que no era independiente. De esta forma Chile (nacional) y los chilenos (nacionales) serían la ecuación perfecta del Estado-Nación en forma por su congruente relación histórica y por el carácter positivo que se le asigna a esta relación.

Sebastián Piñera, en el discurso presidencial pronunciado el día 21 de mayo recién pasado, sostenía que: “Chile vive hoy tiempos históricos […] porque en cuatro meses más celebraremos nuestro Bicentenario y comenzaremos a forjar nuestro tercer siglo de vida independiente.

Quisiera honrar a los padres fundadores de la Patria. Aquellos que hace doscientos años decidieron iniciar la hermosa y desafiante aventura de la libertad y la independencia. Me refiero a Bernardo O’Higgins, José Miguel Carrera, Manuel Rodríguez y a todos quienes dieron su vida en defensa de nuestra Patria y de nuestra República. Gracias a ellos, los chilenos somos hoy ciudadanos libres e iguales, vivimos en democracia y estamos regidos por la soberanía del pueblo, instituciones sólidas y un estado de derecho”[6].

Este discurso, también violentamente inclusivo y generalizador debido a la lineal y homogénea interpretación histórica, propio de la forma política y mediática de entender el bicentenario, omite cualquier particularidad que señale ripios y pretenda tensionar el relato nacional tradicional buscando sus propias contradicciones. No es menor que esta cita y la anterior -las cuales se pueden presentar como estatales y no de un gobierno particular- presenten el mismo relato historiográfico que se construyó en el siglo XIX[7] y que hoy en día se ve replicado y consolidado por las elites sucesoras en el poder.

El tema es tan vigente por su fondo como por su forma. Chile, como nación, tiene sentido histórico en tanto ésta se entienda como una sola patria (asociación republicana de términos: patria=nación) liberada tras años de opresión que llevó a los habitantes del país a reconocerse como chilenos, sin distinciones. Es sólo un gran cuerpo. Es tan chileno aquel hombre que vive en el sur como en el norte, en Los Andes, como en la costa. Independiente del modo o año de anexión, la voz Chile engloba a todo el territorio sobre el cual el Estado ejerce soberanía. Por tanto, engloba a toda la nación y, en consecuencia, bajo esa mirada y parafraseando al Presidente, todos celebraran su Bicentenario y todos comenzaran a forjar su tercer siglo de vida independiente, aún cuando tal diagnóstico sea historiográficamente desacertado.

Es desacertado porque, como decía, no tensiona ni particulariza los procesos que llevaron a la creación del nuevo Estado-nacional. Porque no todos forman parte del mismo relato, porque idealiza el proceso de tal manera que da sentido a la organización estatal actual e historiográficamente construye mitos que lo acomodan a las pretensiones de una única historia nacional, restándole importancia y relegando al olvido las historias regionales y fundamentalmente haciendo ver un panteón de héroes locales y sectoriales como totales, nacionales.

Por poner sólo unos pocos y sencillos ejemplos, se omite que la Independencia de Chile se declaró el 12 de febrero de 1818 y que por tanto no es tal la idea de los doscientos años de la supuesta ‘vida independiente’, y aun cuando considerásemos a la junta fidelista del 18 de septiembre de 1810[8] como el punto de partida de la vida republicana, nos faltarían casi 4 años más para suplir el periodo de reconquista que va desde 1814 a 1818. ¡No se suman 200 años de república porque cuatro de ellos son también con instituciones monárquicas! (para que hablar de la gran cantidad de golpes de Estado que gobernaron no precisamente de una manera republicana, con la connotación política del término). Por otra parte omite que Concepción (dirigido por el futuro Director Supremo Ramón Freire) desde 1818 mantenía importantes conflictos con la elite dirigente capitalina; que Valdivia seguía siendo reducto del Rey hasta su conquista por el Almirante Inglés Lord Cochrane en 1821, al igual que Chiloé y su General Antonio Quintanilla, quien seguiría resistiendo en su apartado reducto imperial hasta 1826; y qué decir de la Patagonia, prácticamente inexplorada hasta incluso parte del siglo XX. Tema aparte es la frontera mapuche que iniciaba su anexión por orden de José Joaquín Pérez recién en 1861, bajo el ‘patético’ eufemismo de pacificación de la Araucanía; y las provincias norteñas de Tarapacá y Atacama anexionadas recién a fines de aquel siglo XIX tras la Guerra del Pacífico. Colma esta secuencia la incorporación a la nación de la Isla de Pascua por el marino Policarpo Toro en 1888, sin que nadie preguntara a sus polinésicos habitantes si querían pertenecer a la nación, como tampoco se hizo en los casos anteriores.

Así también, sobre los tradicionales héroes y algunos renombrados personajes que se pretenden ‘nacionales’, se pueden mencionar otros ejemplos. Se olvida que el llamado ‘padre de la patria’ fue condenado por traición a la patria[9] y se relega a segundo plano que se le acusa de mandar a matar a José Miguel Carrera, cuyo hijo, décadas más tarde, también es mandado a matar por el gobierno conservador de Manuel Montt. Que el primer presidente de Chile nació en Buenos Aires cuando este pertenecía al Virreinato de la Plata; que Ramón Carnicer, autor del himno nacional de Chile, era un músico y compositor catalán; que Andrés Bello, creador del primer código civil y primer rector de la Universidad de Chile, nació en la Capitanía General de Venezuela, en Caracas, y que también hoy aparece en los billetes venezolanos; o que el diseño de la actual bandera chilena se le atribuye a un militar andaluz, etc.

En fin, la lista de ejemplos podría ser interminable. Y es que el proceso que llevó a independizarse a gran parte del continente americano a comienzos del siglo XIX supuso la creación de un discurso nacional que acompañó a la creación de los Estados y que, a pocas semanas de conmemorar el Bicentenario, se transforma en un imperativo traumático puesto que ver, leer y escuchar una y otra vez el mismo mito nacional fabricado por la modernidad decimonónica, no hace sino contradecir las importantes investigaciones históricas realizadas en los últimos 30 años.

Es necesario entonces sacar de nuestros libreros la homogeneidad histórica, la metonimia nacionalista y el panteón de héroes que construyeron aquellos grandes monumentos intelectuales decimonónicos -que a veces equivocadamente se creen superados- para asediar una y mil veces aquel principio moderno de ‘un estado = una nación’ para desnaturalizar una noción que parece ser el fetiche ideal del manoseado Bicentenario nacional, y, finalmente, para repensarnos como nación que tanto como es, pudo no ser de la manera que la pensamos…

[1] Guerra, Francois-Xavier, Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispanicas, Ed MAPFRE, Madrid, España, 1992.

[2] Góngora, Mario, Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX, Ed. Universitaria, Santiago, Chile, 2006. p.59.

[3] Boletín de las Leyes y Decretos del Gobierno, 1845, tomo I (Imprenta el Mercurio), decreto de 30 de julio 1824, p. 211.

[4]Lynch, John, Las revoluciones hispanoamericanas 1809-1826, Ed. Ariel, Barcelona, España, 1980,

[6] Piñera, Sebastián, Mensaje presidencial del 21 de mayo de 2010 ante el Congreso nacional, “Del Chile del Bicentenario al país de las oportunidades”, disponible desde Internet en http://www.camara.cl/camara/media/docs/discursos/21mayo_2010.pdf. p.2. (Destacado propio)

[7] Barros Arana lo hizo en Chile, Mitre en Argentina, Vicente Riva Palacio en México y así, todos ellos, historiadores-políticos, se dedicaron a dar forma y justificar un proyecto republicano liberal sin problematizar mayormente en los alcances que tuvo el drástico y accidental cambio en el poder.

[8] Medina, J. T., Actas del Cabildo de Santiago durante el periodo llamado de la patria vieja (1810-1814),  Ed, Universitaria, Santiago de Chile, 1960.

[9] Boletín de las Leyes y Decretos del Gobierno, 1886, tomo XII, (Imprenta el Mercurio), Sesión de 28 de agosto de 1826, p. 430.

“La opinión contenida en este texto es de exclusiva responsabilidad de su autor”

                          

“Multiculturalidad y Movimientos Indígenas en las Repúblicas Latinoamericanas”

La Corporación Chilena de Estudios Históricos invita a presentar artículos, notas de investigación y reseñas, para ser publicadas en la Revista CCEHS nº 3 (ISSN 0718-8587), cuya temática a abordar será “Multiculturalidad y Movimientos Indígenas en las Repúblicas Latinoamericanas”.

La historia republicana de los países de la región se ha visto marcada por la exclusión, asimilación o integración de las poblaciones indígenas en los territorios que pasaron a formar parte de los nuevos Estados nacionales; situaciones que se proyectan y dejan ver sus consecuencias en el contexto latinoamericano hasta la actualidad.

Hacia fines del siglo XX se ha dado una nueva importancia al rol de estos actores en una sociedad que ha comenzado a reconocer de forma incipiente su pluralidad, y en relación a ello es relevante la visión de los movimientos indígenas como agentes propositivos. Su relación con los recursos naturales y la ecología; sus respuestas ante los efectos de la globalización y la debilidad del Estado; las posibles definiciones de ciudadanía y su relación con la democracia; el ya antiguo conflicto de la tierra y las demandas de autodeterminación (propuestas de autonomía local, regional o nacional), y la discusión en torno a un Estado-nación multicultural y pluri-étnico; son sólo algunas de las aristas posibles desde las cuales este tema pueda ser abordado.

Así también, las temáticas de análisis pueden estar relacionadas con un problema conceptual aplicado a la realidad Latinoamericana acerca de la “multiculturalidad”, “interculturalidad” o categorías como lo ´”étnico”. Otra perspectiva tiene que ver con las relaciones de poder: lo “indio” en la construcción de la República, la relación entre categorizaciones raciales y sociales, o discursos como el Indigenismo. Finalmente, se puede mencionar la relación entre movimientos indígenas y otros movimientos sociales y políticos, las propias características de estos movimientos en la diversidad de su composición, contextos y acciones; y las jerarquizaciones características de las sociedad modernas -posicionadas bajo el influjo de las élites políticas e intelectuales en Latinoamérica- en las que los movimientos indígenas se ven inmersos; por enumerar unos pocos focos de reflexión posibles para ser incluidos en la Revista CCEHS n ° 3.

Quienes deseen enviar sus contribuciones pueden hacerlo al correo electrónico editorial@estudioshistoricos.cl hasta el día jueves 30 de septiembre de 2010.

En el caso de los artículos, se dará prioridad a aquellos que sean inéditos, originales e incluyan elementos innovadores en materia teórica y/o metodológica en el campo historiográfico. La sección de notas de investigación está reservada para presentar avances de investigaciones todavía en curso, que cumplan con los mismos requisitos señalados para los artículos.

Normas

En el caso de los artículos, se dará prioridad a aquellos que sean inéditos, originales e incluyan elementos innovadores en materia teórica y/o metodológica en el campo historiográfico. La sección de notas de investigación está reservada para presentar avances de investigaciones en curso, que pese a cumplir con las características generales requeridas para los artículos, no constituyan trabajos acabados.

Para todo tipo de contribuciones se pide enviar dos archivos separados: uno de identificación y otro que contenga el trabajo en cuestión, ya que el proceso de selección de los artículos se hará a través de un arbitraje externo y guardando el anonimato de los autores para una mayor transparencia.

Artículos y Notas de Investigación

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• Identificación completa del o los autores
• Afiliación institucional del o los autores al momento de presentar el texto a publicar.
• Título acorde al contenido del artículo en español e inglés
• Resumen en español e inglés (abstract), de no más de 200 palabras.
• Cinco (5) palabras claves, también en español e inglés (key words).

2.- Artículo

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• Extensión mínima de quince (15) y máxima de veinticinco (25) páginas (incluidas notas, gráficos, tablas, fotos, referencias bibliográficas, etc.).

Reseñas Bibliográficas

Deben estar dedicadas a publicaciones académicas asociadas al tema de la revista y que no excedan los cinco años de antigüedad.

1.- Identificación

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• Afiliación institucional del autor
• Título de la reseña en español e inglés
• Datos de publicación del libro reseñado

2.- Reseña

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• Título en mayúsculas, centrado, en negrita y sin subrayar
• Subtítulos en letra Times New Roman 14, negrita y sin sangría.
• Texto en letra Times New Roman 12
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• Extensión mínima de tres (3) y máxima de cinco (5) páginas.

Citas y Referencias Bibliográficas

Para la inclusión de citas y referencias, se utilizará la norma NCh 1143, homologada de la Norma ISO 690 y de la Norma ISO 690-2. Las citas textuales irán detalladas a pie de página, de la siguiente forma: APELLIDO, N., año, pág. Toda cita textual no superior a 40 palabras debe ir entrecomillas y dentro del párrafo. Cuando las citas son superiores a 40 palabras (bloques), se separan en un párrafo aparte y se sangra todo el texto que se cita. Estos bloques no se ponen entre comillas.

Las referencias serán detalladas en una Lista de Referencias, incluida al final del artículo, en la cual los libros se deben indicar de la siguiente forma: apellido(s) -presentando el primero en mayúscula-, nombres(s) separado(s) por una coma del apellido -en caso de haber más autores, se mencionarán de igual forma, separados con punto y coma unos de otros-. Después el título. Luego los datos de publicación -ciudad, país y editorial-. Y por último, el año de publicación.

Ejemplo:
LARRAÍN Ibáñez, Jorge. Modernidad, razón e identidad en América Latina. Santiago, Chile, Editorial Andrés Bello. 1996.

Aquellos artículos que no cumplan con las normas básicas indicadas, serán devueltos a sus autores y excluidos del proceso hasta que sean corregidos y reenviados al Departamento Editorial de la Corporación Chilena de Estudios Históricos, a la dirección de correo y durante los plazos establecidos.

                          

Actores sociales en Chile: 200 años de desigualdad

Las III Jornadas de Estudiantes de Pre-grado en Humanidades y Ciencias Sociales invita a todos los estudiantes de pregrado, o cualquier persona interesada, a asistir y a presentar ponencias a este espacio organizado para la reflexión académica y el debate público, que en esta oportunidad se realizará los días jueves 14 y viernes 15 de octubre, lugar por confirmar. La fecha de cierre de la convocatoria es el domingo 5 de septiembre.

Introducción

Faltando algunos meses para las celebraciones del 18 de septiembre se hace necesario abrir la discusión en torno al país que se ha ido constituyendo a lo largo de estos doscientos años. Mientras que desde el estado, las elites culturales y la opinión pública se propaga un discurso oficial con respecto al “bicentenario”, confeccionándose de esa forma una mirada hegemónica con respecto a los procesos, a los actores, y a las estructuras históricas, es necesario que, desde las universidades, los espacios académicos, y las organizaciones sociales, seamos capaces de realizar un juicio critico, no oficial, que permita realizar una interpretación más acabada de nuestro pasado y presente histórico, que permita evidenciar la compleja y desigual situación en la que viven diferentes sectores de nuestra país.

Parece necesario reconstruir y rescatar la potente tradición crítica de las ciencias sociales y las humanidades, relegada y venida en menos en las instituciones universitarias por distintas razones; a la vez que resulta importante que se discutan las nuevas perspectivas que permitan abordar las continuidades y cambios de los procesos históricos en Chile, intentando restablecer el vínculo (hoy cada vez más débil) entre pensamiento social crítico y procesos sociales y políticos, considerando que el debilitamiento y aislamiento del primero como un área de desarrollo relevante ha llevado a que las discusiones de las disciplinas en cuestión se vean profundamente alejadas de ciertas necesidades urgentes de las sociedades en el Chile actual.

En esta ocasión consideramos que cobra relevancia discutir sobre las desigualdades sociales que están a la base de nuestra formación histórica. Se hace necesario discutir cómo a lo largo de estos doscientos años se ha ido constituyendo una forma especifica de relaciones sociales, en donde la riqueza, el prestigio y el poder se encuentra tan concentrado en algunos segmentos sociales, mientras que escasea en los espacios mayoritarios del país. En las II jornadas de pregrado, realizadas el año pasado, se abordó este problema poniéndose el foco en las estructuras sociales, sin embargo, consideramos que en esta oportunidad es posible ahondar la discusión y poner el acento en los actores sociales que se estructuran a partir de las condiciones sociales, pero que a la vez son estructuradores de la sociedad.

Consideramos de crucial importancia poder debatir sobre cómo las elites sociales, políticas y culturales, han sido capaces de preservar un orden social, o de transformarlo en función a sus propios intereses; cómo las oligarquías, los grupos empresariales, los poderes facticos, los medios de comunicación, etc. han podido permanecer y transformarse en la sociedad, y qué han hecho para imponerse al resto de del país. Al mismo tiempo, y siguiendo la misma línea, se hace necesario poder discutir sobre aquellos sectores sociales que, dominados y explotados: han sido capaces de organizarse, de formar identidad, y disputar sus propias necesidades e intereses en el espacio público. Interesa conocer cómo los movimientos sociales, los sindicatos, las organizaciones populares, los estudiantes, las nuevas identidades de género, los sectores estigmatizados, etc., han sido capaces de oponer resistencia, formar alianzas, y promover la organización y participación de aquellos que, globalmente, podemos denominar como sectores subalternos.

En estas jornadas, por lo tanto, los invitamos a debatir sobre los actores sociales (organizados o emergentes) que ha lo largo de nuestra historia han influido o han buscado influir sobre el destino de nuestra historia. Aquellos grupos, actores y movimientos que han formado discursos, identidades, y posiciones de fuerza, y que se han ido estableciendo desigualmente a los largo de la estructura social. Interesa conocer los conflictos, los encuentros, las luchas políticas, los consensos, el dominio, la hegemonía, el consentimiento, entre otras formas en las que se han relacionado los diferentes sectores. Consideramos necesario que las Ciencias Sociales y las Humanidades pongan el conocimiento que producen a disposición de tal tarea, que sean capaces de analizar las condiciones sociales a la luz de los diversos fenómenos de nuestra sociedad, y centrar este debate en el Chile contemporáneo que es quien está llamado a esta actual coyuntura de celebración: el Chile construido desde el giro neoliberal.

Por estas razones, las III Jornadas de Pregrado invitan y abren su convocatoria este año a los estudiantes que se interesen en actualizar viejas discusiones y proponer nuevas herramientas y experiencias prácticas para abordar los temas señalados, tanto en el área de las Humanidades como en el de las Ciencias Sociales. Se plantean estas Jornadas también como un espacio de discusión sobre la vinculación de las disciplinas mismas con la sociedad que estudian: cómo esta se ha dado y cómo puede mejorarse teniendo en cuenta a la especificidad de los procesos sociales que se enmarcan dentro de este bicentenario.

Temas para presentación de ponencias, ensayos y trabajos:

1. A. Desigualdad y poderes fácticos: Rol del Estado, la Iglesia y el Ejercito en Chile a 200 años de la Independencia.

• Constituciones políticas en Chile, una revisión histórica acerca de la institucionalidad nacional
• Conformación de los partidos políticos en Chile, configuraciones y transformaciones del sistema político
• Participación política ciudadana: ¿actores o espectadores?
• Influencia y protagonismos de la(s) Iglesia(s) en Chile
• Formación y configuración de la Nación: Composición y relevancia del Ejercito chileno en este proceso

1. B. Identidades nacionales y descentralización

• “Chile bicentenario”: ¿construcción social de un mito?
• Memorias e imaginarios de la chilenidad.
• Reivindicaciones étnicas
• Estado-nación: limites del concepto
• Centralismo estatal y autonomía regional
• Soberanía popular y territorio

1. C. Los actores sociales y la disputa por la hegemonía en Chile

• Actores hegemónicos y subalternos
• Pugnas ideológicas en la clase dirigente
• Modelo neoliberal y proyectos alternativos
• Intelectuales en Chile: centros de estudios, think tanks e intelectuales orgánicos
• Los medios de comunicación y la construcción de hegemonía
• Ideologías de la desigualdad

1. D. Sistema educacional: actores e instituciones

• El Movimiento estudiantil
• Instituciones educacionales y proyectos ideológicos
• Instituciones, clases y roles
• Organizaciones docentes
• Asociaciones gremiales
• Educación popular
• Sistemas de Acceso a la Educación Superior y Composición de la matrícula.

1. E. Constitución de actores en torno al trabajo en Chile

• Centralidad del trabajo en subjetividades y clases sociales
• Flexibilidad laboral y nuevas dinámicas de explotación
• Teoría organizacional y dominación
• Huelgas ilegales, sindicalismo y Estado
• Organizaciones gremiales empresariales y Estado
• La disputa por el poder: organizaciones empresariales y sindicales, y sistema político

1. F. Desigualdad, distinciones y clases sociales

• Teorías de estratificación social
• Concentración de la riqueza y el poder
• La pugna por el prestigio  y el estatus
• Identidad de clases y distinciones sociales
• Clases medias y movilidad social en Chile

1. G. Pobreza y desigualdad

• Marginalidad y vulnerabilidad
• Organizaciones poblacionales y sujeto poblador
• Segmentación social y urbana
• Construcción cultural de la pobreza en Chile
• Exclusión, caridad y focalización

1. H. Diversidad social y estigmatización

• Instituciones de control: los limites de “lo permitido”
• Patologizaciòn y censura de sujetos y actores sociales
• (Des)igualdad de derechos, prohibición y criminalización
• Minorías sexuales y étnicas
• Movimientos sociales y reivindicaciones
• Inmigrantes e integración social

1. I. Cultura y producción artística en Chile

• Actores sociales y expresiones culturales
• Estudios literarios y relatos del “bicentenario”
• Esteticas de la desigualdad
• Transculturalidad y resistencia dialógica
• Creación cultural y propiedad intelectual
• Públicos y consumo cultural

Descripción de la actividad:

Las Jornadas de Estudiantes de Pre-grado consisten en una instancia de intercambio de actividades y trabajo académico en que se vinculen los conocimientos de las disciplinas con el análisis y la práctica críticos de la sociedad actual. Su desarrollo consistirá en la presentación de ponencias realizadas por estudiantes de distintas universidades, que serán agrupadas en distintas mesas temáticas con tres expositores en cada una. Además, para introducir las discusiones relacionadas con el tema central de las Jornadas, se llevará a cabo una mesa de discusión con académicos destacados en el ámbito de las Ciencias Sociales y Humanidades, y otra mesa de discusión con panelistas vinculados con los grandes procesos y problemáticas que se viven en Chile actualmente, buscando siempre lograr la reflexión y el debate necesarios a través de un enfoque interdisciplinario.

Organizadores:

Colectivo Está en Nosotros (U. Central) , Centro de Estudios Sociales Construcción Crítica (U. de Chile) , Centro de Investigación y Estudios Sociales (U. Academia de humanismo cristiano), Revista Doble Vinculo (U. Católica de Chile), Revista Némesis (U. de Chile), Pikete Jurídico y Penal (U. de Chile), Colectivo El despertar (U. de Chile) Organización Chilena de Estudiantes de Psicología, Centro de Estudios de Contrapsicologia y Corporación Chilena de Estudios Históricos.

Objetivo general:

Crear un espacio de encuentro y reflexión crítica sobre la realidad chilena actual entre estudiantes de pre-grado del campo de las humanidades y las ciencias sociales, considerando principalmente el cuadro económico y social que presentan en relación a  Chile y su bicentenario, y su correspondiente problematización a partir de las diferentes perspectivas de cambio social.

Objetivos específicos:

- Generar un espacio de discusión donde se problematicen las formas de vincular el conocimiento académico con la realidad actual de los procesos sociales, políticos y culturales de Chile.

-  Abrir un espacio de diálogo entre estudiantes de pre-grado en donde se expongan propuestas, perspectivas y experiencias para abordar y analizar la realidad actual del país.

- Problematizar, analizar y discutir acerca de las características del bicentenario y de las distintas formas y dimensiones en que éstas se expresan en los tiempos recientes.

- Generar reflexión acerca de los procesos de cambio social en Chile, a partir de los distintos actores y relaciones políticas relevantes.

                          

Por Nicolás Sazo Arratia.

El 11 de Marzo del 2010, Sebastián Piñera se transforma en el nuevo presidente de Chile, dejando atrás cuatro gobiernos de la Concertación. La derecha llega nuevamente al ejecutivo, para el cual “se estuvieron preparando 20 años”, pero este gobierno no viene solo, sino con un acompañante especial: Dios.

Desde su primer discurso como presidente, el nuevo mandatario no escondió a este invitado, no en vano lo recordó 5 veces. De esta forma, no son sorprendentes y dignos de extrañeza los últimos sucesos en que ha ocurrido en distintas instituciones estatales, donde la presencia de éste no ha pasado inadvertida.

Hace algunas semanas Ximena Ossandón, vice-directora de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, junto con declarar que algunas madres se aprovechaban del servicio de jardines para salir de juerga, “adornó” las instalaciones de un recinto público con una estatua de la Virgen (María, madre del invitado), argumentando que la Virgen “es el símbolo de la protección”, “siempre suma, nunca resta” y “a nadie le produce arcadas la Virgen”.[1]

Por otro lado se informa, a través de la prensa, la decisión del Consejo Nacional de Televisión de “analizar” los reclamos de particulares en contra de un programa de televisión: “El Club de la Comedia”, principalmente por la realización de un sketch donde hace una parodia de situaciones, donde Jesús (cristiano) es el protagonista.[2]

Sin que pase mucho tiempo, comienza a circular un Boletín de Minutas del Departamento de Estudios y Capacitación del SERNAM, donde la minuta Nº 3 se denomina “Los desafíos de tener un(a) hijo(a) adolescente” presenta un particular llamado para una institución laica: “De esto deriva la importancia de que los y las adolescentes comprendan que su vida sexual debe postergarse hasta el matrimonio, pues asumir esta responsabilidad cuando no se está preparado para ello, acarrea consecuencias poco placenteras para los involucrados. Los embarazos no deseados, las enfermedades de transmisión sexual, el SIDA, los abortos y sus secuelas se encuentran a la orden del día.” Dando como referencia a una página de corte conservador religioso www.enfoquealafamilia.com.[3]

A esto se le suma, primero, la decisión del Ministerio de Educación de suspender un material educativo denominado “La Enciclopedia del Sexo”[4], tras una denuncia de la municipalidad de Puente Alto, encabezada por su alcalde Manuel José Ossandón, por considerarse  de “alto contenido erótico” y “porque no contiene un material educativo apto para los niños”. Y segundo, un instructivo enviado desde el Gobierno Regional de Coquimbo, donde se enfatiza en la prohibición de sus funcionarios públicos de utilizar “poleras strapless, sin espalda, con pabilos, faldas extremadamente cortas, short, calzas”.[5]

Sin embargo, esta cadena de sucesos e intervenciones de este invitado especial de La Moneda sólo podría ser consolidada de mejor manera si el presidente lo invitara derechamente. Ya no sólo se insiste en invocar su presencia en cada discurso y conferencia de prensa, sino que ahora es necesario un llamado explícito por parte de la máxima autoridad estatal a “buscar su ayuda”. Esto sucedió el 8 de agosto, a raíz del accidente de 33 mineros en Copiapó, donde el presidente no sólo recalcó su compromiso con su rescate e investigaciones para aclarar responsables, sino que hace es siguiente llamado: “yo quiero pedirle a todos los chilenos, que recemos para que Dios nos ayude, y poder rescatar con vida a estos 33 mineros”.[6]

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De esta forma es válido preguntarse, ¿un gobierno de turno puede promover una concepción de vida social ligada a una religiosidad particular? Dentro de un Estado laico, por supuesto que no, sin embargo ¿Chile es un Estado laico? El argumento rápido es recordar que nuestro Estado se separó de la Iglesia Católica en 1925, pero ¿realmente fue así?

Esta separación, que parece ser bastante obvia, podría no serlo tanto. La conformación de esta separación no tiene características reformistas radicales, a esto me refiero,  que no pasa de un Estado confesional a uno estrictamente laico. La separación chilena se centra principalmente en una desligación económica, y no en una social.

Laicismo no fue la idea fuerza de esta separación, y así se ha dejado entender desde sus inicios. Casos representativos son: que la educación jamás se intentó regular bajo los conceptos laicos (a excepción del gobierno de la Unidad Popular); se siguen manteniendo y creando nuevos feriados religiosos; ceremonias como el Te Deum en vez de decaer, se comienzan a pluralizar; desde el 2004 se le ha dado efectos civiles al matrimonio religioso y desde el 2007 nuestro país consta de una Oficina Nacional de Asuntos Religiosos. Estos ejemplos son, entre muchos otros, muestras que las políticas públicas estatales mantienen cierta distancia a conceptos laicistas, promoviendo una convivencia y estableciendo ciertos “acuerdos” entre el poder “secular” y “espiritual”.

De esta forma, se puede ver, en primera instancia, cómo el Estado chileno se aleja del concepto laicismo, adoptando una laicidad. Esto quiere decir que el Estado secularizado reconoce derechos a estas instituciones religiosas, defendiendo el concepto de libertad religiosa y alejándose de un Estado confesional, posicionándose como ente administrador y neutral. En desmedro de una alternativa laicista que promovería al Estado como un ente secularizador de la sociedad, que tendría como objetivo suprimir la religiosidad de la sociedad o, por lo menos, marginarla a una privacidad. Ergo, Chile no se transforma en un Estado antirreligioso, sino sólo regularizador del libre mercado religioso.

Así, la separación queda reducida a una ley (19.638) y no a la constitución. Chile no es definido como laico, sino que se entiende esta laicidad como regulación y neutralidad; donde el Estado se levanta como ente jurisdiccional de control de estas manifestaciones y protector del “bien común”, de sus consecuencias y estableciendo un posicionamiento secular neutral, donde éste no podría establecer preferencia por algún dogma o institución religiosa en particular.

Entonces ¿existe una consolidación de una laicidad? Pese a lo anteriormente planteado, la respuesta es no. El Estado chileno, en primer lugar, no garantiza una igualdad y libertad religiosa plena. Y segundo, tampoco se posiciona como una Estado secular neutral.

La libertad de culto no sólo puede medirse por la cantidad de personalidades jurídicas dadas a entidades religiosas en los últimos años. El número de instituciones religiosas reconocidas por el Estado ha aumentado de dos a más de mil quinientas post Ley de Culto en 1999, pero este aumento principalmente se debe a la búsqueda de reconocimiento institucional por parte de las iglesias evangélicas y pentecostales, mientras que otros movimientos religiosos no buscan este reconocimiento estatal y beneficios tributarios, ya que sus dinámicas se alejan de los prototipos institucionales, y se acercan más a una intimidad espiritual “informal”.

Estas últimas organizaciones se sitúan en un juego discursivo deslegitimador, promovido no sólo por parte de las Ciencias Sociales, sino que por organismos estatales, principalmente la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, donde cualquier manifestación que escape de los mecanismos de control y regulación estatal en materia religiosa se transforma automáticamente en una organización de particulares características, insertándola en tipologías sectarias y destructivas.

Este actuar provoca un quiebre en el concepto de libertad religiosa, limitándolo sólo a ciertas definiciones y patrones que el poder del Estado encuentra válidas. Así, lo religioso sólo es en tanto reconocimiento y control. Por otra parte, lo que está fuera de estos dos puntos se transforma en sospechoso, peligroso y propio de vigilancia y represión, status que se ha mantenido incluso en los gobiernos concertacionistas.

Por otro lado, la secularización y neutralidad del Estado no queda en absoluto clara. Este último gobierno de Sebastián Piñera, donde se daba por sentado, desde algunos sectores, que la particularidad de su gobierno sería la tecnocracia sobre las ideologías y se mostraba como un gobierno sin “mística” o “metarrelato”, a menos de medio año del comienzo de su mandato empiezan a sobrar los ejemplos donde los principios morales religiosos particulares se confunden constantemente con la conformación de políticas públicas bajo estas concepciones.

Por más que se comience a manifestar, a través de la coyuntura “indulto bicentenario”, un distanciamiento y debilitamiento de la relación entre Iglesia y Estado, ésta ha sido sólo institucional, ya que este último no ha mostrado tanto interés en un distanciamiento teórico, manteniendo intacta una religiosidad en su discurso y praxis.

De esta forma, ¿qué tipo de laicidad existe en Chile? No es un Estado confesional; sin embargo la laicidad existente es bastante básica, reduciéndose a dispositivos de control y regulación, con el objetivo de facilitar una libertad religiosa sin descuidar el orden público y el bien común. Por lo tanto, una libertad en entre dicho, una libertad sólo para algunas manifestaciones religiosas.

Si bien no se apoya o guía a una institución religiosa específica, los principios morales de la institución católica, y especialmente de algunas sus congregaciones, son parte de una identidad, más allá de la tecnócrata, que impregna el metarrelato de esta “nueva forma de gobernar.

Así, cuando se habla de un Estado laico nacional como contraargumento a esta seguidilla de situaciones conservadoras originadas del nuevo gobierno, debemos considerar todo este corpus de excepciones que hacen una laicidad chilena bien particular. Y es justo plantear que sólo es una consecuencia de una constante pacata postura de gobiernos anteriores, de hacer claras diferencias entre Estado y dogma, dejando claro cuáles son los espacios y competencias de ambas instituciones. Manteniendo este limbo conceptual poco definido y con límites relativos, es tierra fértil de creación de zonas donde una nueva administración pueda creer legítimo proponer una alternativa ideológica, inclusive religiosa, como opción de cambio.

[1] Ver Entrevista a Ximena Ossandón. The Clinic N° 353, 22 de Julio de 2010, pp. 5-7.

[2] Ver http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2010/07/27/demo/

[3] Ver Boletín de Minutas en http://www.elmostrador.cl/media/2010/08/minuta-sernam.pdf

[4] Ver “Enciclopedia del Sexo” en http://www.elmostrador.cl/media/2010/08/Enciclopedia-del-Sexo.pdf

[5] Ver Instructivo en http://www.scribd.com/doc/36015581/Instructivo-del-Gore-de-Coquimbo-prohibe-uso-de-Jeans-y-Faldas

[6] Ver declaraciones en http://www.24horas.cl/videos.aspx?id=83719

“La opinión contenida en este texto es de exclusiva responsabilidad de su autor”